Buenos Aires. En un ambiente de tensos debates, la Cámara de Senadores convirtió ayer el proyecto de ley que dispone el Aporte Solidario y Extraordinario de las fortunas mayores a 200 millones de pesos (2 millones 500 mil dólares) declaradas hasta marzo de este año por personas físicas, como forma de colaborar para resolver los graves problemas económicos y sociales causados por la pandemia de Covid-19, lo que fue resistido por la oposición de la derechista alianza Cambiemos.

El Congreso Nacional de Argentina aprobó el viernes una ley que grava por única vez los grandes patrimonios para financiar al Estado ante el impacto de la pandemia, luego de que el Senado sancionó el proyecto que ya había sido aprobado por la cámara baja .

Las 12 mil personas más ricas del país, con fortunas declaradas superiores a la cifra citada, pagarían una tasa de 2 por ciento, lo que será escalonado hasta el tope de 3.5 en fortunas que llegan a 3 mil millones de pesos.

Se trata de reforzar la recaudación ante la caída de la actividad económica. El plan afecta a las personas físicas con ese patrimonio, pero no a las empresas. Veinte por ciento de los fondos recaudados se destinarán a la compra de insumos críticos o equipamientos o para producirlos aquí; también para recuperar el empleo y costear la remuneración de trabajadores y becas estudiantiles del proyecto Progresar.

Otra sanción de los senadores festejada por las mayorías fue la prohibición de vender las tierras incendiadas deliberadamente, ya que la catástrofe producida en distintos lugares por fuegos provocados a fin de liquidar los terrenos a un precio irrisorio, para construir edificios o sembrar soya, dejó millonarias pérdidas, destrucción de fauna y flora y daños en el medio ambiente.

Ambas iniciativas fueron propuestas por el diputado Máximo Kirchner, acompañado por legisladores del Frente de Todos.

Por otra parte, representantes de organizaciones políticas, sindicales, sociales y de derechos humanos realizaron ayer un abrazo al Palacio de Tribunales con carteles y coreando consignas que condenaban la más reciente decisión de la Corte Suprema, que ratificó la condena del ex vicepresidente Amado Boudou, dispuesta por un tribunal de jueces de la llamada mesa judicial de Macri, a cinco años y 10 meses de prisión.

“Jueces esclavos de Clarín y de Macri: libertad a Boudou”, Corte Suprema, letrina de la justicia, se leía en los carteles y en las consignas que demandaban liberar a todos los presos políticos del lawfare (judicialización de la política).

“La condena a Boudou es un caso emblemático del lawfare (…) Se le condenó por ‘cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública’, porque al testigo (arrepentido), Alejandro Vanderbroele, se le pagó un millón y medio de aquella época para que dijera en su testimonio que el ex vicepresidente había participado en las negociaciones por la venta de la empresa Ciccone, que finalmente fue estatizada”, escribió el analista Luis Bruschtein en Página 12.

La compra, supuestamente legal, del único testigo que acusa a Boudou en la causa Ciccone, no es un fenómeno aislado en Argentina, porque estas irregularidades han sido una práctica usual del lawfare, que impuso Macri en reemplazo de la política.