La Cámara de Diputados reformó el contenido de la Ley General de Víctimas con el propósito de garantizar todos sus derechos a las niñas, niños y adolescentes en orfandad, a causa de feminicidio y homicidio. Por tratarse de un grupo altamente vulnerable será obligación de las instituciones del Estado proveer de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento a los infantes.

La propuesta respaldada por todos los partidos abre un padrón permanente actualizado de niñas, niños y adolescentes, con la finalidad de que todos los infantes sean considerados víctimas directas del feminicidio u homicidio de ser madre y padre.

A la fecha se carece de un registro preciso de los menores que han resultado afectados por la falta de sus progenitores. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) desglosó que entre 2015 y 2019 se consideraron 3 mil 751 feminicidios. No obstante, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) –que aduce haber procesado datos del Inegi– describió otra resultante: 15 mil 804 asesinatos de mujeres, y de esa cifra 23.7 por ciento fue investigado por el Ministerio Público como feminicidio.

Al considerarse como víctimas indirectas, las niñas, niños y adolescentes también tendrán derecho a la rehabilitación física y sicológica, y la salvaguarda de sus derechos, con la finalidad de proteger su desarrollo en la vida cotidiana.

Así la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) tendrá obligación a ayudar, atender, asistir y en su caso, cubrir una compensación subsidiaria en casos de delitos del fuero común cuando se trate de que la víctima indirecta sea niña, niño o adolescente.

Durante el procedimiento aprobatorio, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó una reserva –que fue aprobada– con el propósito de garantizar todos los derechos a los infantes en esa situación, con los recursos que fueron aprobados en el presupuesto 2021, por lo que no se requerirá de una bolsa de dinero extra a la programada para el año que entra.

En respuesta, Movimiento Ciudadano argumentó que esa propuesta genera una responsabilidad a estados y municipios. El Estado mexicano es corresponsable, y hay riesgo, porque no hay un sistema que atienda verdaderamente a las víctimas, se busca dar un golpe mortal a los derechos de las víctimas.