La pandemia de Covid-19 marcó el segundo año de gobierno. La escalada –que aún no termina– de enfermos y fallecidos trastocó sensiblemente la prestación de los servicios médicos que al inicio de 2020 se preparaban para el cambio impulsado con la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). El objetivo principal es garantizar la atención y medicamentos gratuitos para las personas que están fuera de la seguridad social.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que a partir del primero de diciembre las personas tendrán este beneficio. Con ese fin, ayer por la tarde, la Secretaría de Salud (Ssa) publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el cual se determina la exención en el pago de servicios de hospitalización, consulta, procedimientos médicos o estudios auxiliares de diagnóstico en los hospitales federales, de alta especialidad e institutos nacionales de salud que dependen de esa instancia federal.

Tal exención aplica para los seis niveles socioeconómicos existentes, aunque el documento no menciona nada sobre los medicamentos, que también deberán ser gratuitos.

El resto de centros de salud y hospitales generales que operan en el país continúan bajo la administración de los gobiernos estatales, por lo que la gratuidad de los servicios será cuando se concrete la incorporación de los estados al Insabi.

Esto es así porque, aunque la mayoría de las entidades suscribieron el acuerdo de adhesión y aceptaron transferir la responsabilidad de la prestación de servicios a la Federación, el proceso se complicó por cuestiones administrativas y con la pandemia de plano se detuvo.

Aparte están los nueve estados de la República cuyos gobernadores rechazaron adherirse al Insabi por considerar que no representaba ningún beneficio para sus ciudadanos. Éstos son: Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Michoacán y Tamaulipas.

Esa oposición continuó durante la emergencia sanitaria con críticas al manejo que le ha dado la Federación, incluso algunos mandatarios han aplicado medidas diferentes a las que se dictan desde el nivel central. Entre los asuntos que han generado polémica está el uso del cubrebocas, que en algunos estados es obligatorio. Mientras, las autoridades federales han mantenido la postura contraria e incluso de reserva sobre la eficacia del aditamento para controlar la pandemia.

Otra acción criticada desde diversos sectores ha sido lo que se considera un número reducido de pruebas de diagnóstico del virus SARS-CoV-2, pues no se realizan de manera masiva.

En tanto, el Plan Nacional de Salud plantea dar prioridad a la atención primaria, esto es, a nivel comunitario, con la finalidad de que la prevención de enfermedades sea una realidad y de esa manera incidir en el impacto que actualmente tienen males como el sobrepeso, obesidad, diabetes e hipertensión.

Por la pandemia, la Ssa puso en marcha una estrategia en comunidades para buscar personas con síntomas de Covid-19 y/o con factores de riesgo para presentar complicaciones graves por la infección. No obstante, sigue pendiente resolver las carencias en los centros de salud, identificadas desde el inicio de la administración, y hasta ahora no se ha informado sobre el presupuesto que se dispondrá para este fin, sobre todo luego de que 40 mil millones de pesos del antiguo Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos se utilizaron para hacer frente a la pandemia.

Otro asunto que la Cuarta Transformación no ha resuelto es el abasto de medicamentos y material de curación. Debido a las fallas de la compra consolidada realizada en 2019 y luego del veto presidencial a las empresas distribuidoras por considerar que eran monopolios, en este año se optó por recurrir a la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).

La carencia de medicinas ha sido una constante para los enfermos, aunque los más visibles han sido los padres de niños con cáncer.

Hasta hoy, Unops no ha iniciado la compra formalmente.