Rosario Robles Berlanga, ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), formalizó –por medio de sus abogados– su petición para que el Ministerio Público Federal le conceda beneficios jurídicos conocidos como criterio de oportunidad para aportar información en torno a la estafa maestra y con ello tener la posibilidad de recuperar su libertad.

Los defensores acudieron a la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) y entregaron en la oficialía de partes el escrito en el cual Robles Berlanga se compromete a entregar información de los responsables de los desvíos de recursos en Sedesol y Sedatu en el periodo 2012-2018.

Asimismo, en su cuenta de Twitter Robles Berlanga señaló: Seguro habrá quienes nieguen los hechos, pero las pruebas hablarán, y reiteró su compromiso de hablar con la verdad sobre los desvíos de recursos en las instituciones que encabezó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pidió a sus abogados, Epigmenio Mendieta y Sergio Ramírez, que generen estrategia jurídica conjunta para acceder a un criterio de oportunidad, consciente de lo que significa.

Ramón Sosamontes Herreramoro, quien fuera uno de los colaboradores más cercanos de la ex funcionaria, rechazó en su red social las acusaciones de Emilio Zebadúa: “A la opinión pública: todo lo dicho sobre mi persona por Emilio Zebadúa, ex oficial mayor en Sedesol y Sedatu, ante la @FGRMexico del 19 de octubre del 2020 y fue filtrada a medios de comunicación sobre mi participación –que la niego– en la llamada estafa maestra, es falso”.

En un segundo mensaje insistió: Niego rotunda y categóricamente los comentarios realizados por Emilio Zebadúa, que a costa de su beneficio personal está haciendo imputaciones a terceros sin sustento probatorio, tratando de engañar a la fiscalía a cambio de estar bajo criterio de oportunidad.

Según la declaración de Zebadúa ante la FGR, Armando Saldaña Flores, ex director de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgos de Sedatu, firmó dos convenios (uno con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero de Hidalgo, por 185 millones de pesos, y otro con el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, por 40 millones de pesos) para apoyar en la elección para la gubernatura en el estado de México. José Antolino Orozco Martínez, ex jefe de la Unidad de Políticas de Planeación y Enlace Institucional, firmó un convenio con la Universidad Politécnica de Quintana Roo por más de 20 millones de pesos. Por instrucciones de su titular (Rosario Robles) se dispuso la celebración de dichos convenios, lo que proporcionó materiales y recursos para la actividad y la movilización en la totalidad de los municipios del estado de México de un equipo político integrado por funcionarios de alto nivel de la Sedatu, declaró en su momento el ex oficial mayor.

El equipo político estaba integrado por el subsecretario de Desarrollo Territorial, Enrique González Tiburcio; el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Juan Carlos Lastiri Quiroz; el director general del Registro Agrario Nacional, Froylán Hernández Lara; el jefe de la oficina de la secretaria, Ramón Sosamontes Herreramoro, y el jefe de la Unidad de Políticas de Planeación y Enlace Institucional, José Antonio Orozco Martínez.

Por separado, un juez federal en la Ciudad de México difirió la audiencia incidental de Sosamontes Herreramoro para el 1º de diciembre, en la cual decidiría si le concede una suspensión definitiva contra cualquier orden de aprehensión o actos privativos de la libertad por el caso relacionado con el desvío de recursos entre 2012 y 2018.

Herreramoro promovió un juicio de amparo la semana pasada para no ser detenido, luego de que se libró una nueva orden de captura contra Robles Berlanga por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esta acusación se sumó a la que tenía por ejercicio indebido del servicio público, por la cual ya está sujeta a proceso y prisión preventiva en el centro femenil de Santa Martha Acatitla desde el 13 de agosto del año pasado.