A más 11 años de ocurrida la tragedia de la Guardería ABC, en la que fallecieron 49 menores de edad, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que un juez federal dictara auto de vinculación a proceso del ex director de Prestaciones Económicas y Sociales y la ex coordinadora nacional de Guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los panistas Sergio Salazar Salazar y Carla Rochín Nieto.

Ambos están sujetos a proceso por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de lesiones y homicidio culposos, en la modalidad de comisión por omisión.

Salazar Salazar es un empresario tamaulipeco y militante del PAN que llegó a ser diputado local en el periodo 1997-2000, mientras que Rochín Nieto, también de filiación blanquiazul, fue diputada federal de 2003 a 2006. Ambos fueron detenidos el pasado 9 de noviembre y quedaron sujetos a proceso penal y también a prisión preventiva oficiosa.

El Ministerio Público Federal informó que el 5 de noviembre solicitó al juez de control librara orden de aprehensión contra los funcionarios referidos, la cual fue emitida por la autoridad judicial y cumplida por elementos de la Policía Federal Ministerial el pasado día 9 y una vez puestos a disposición del fuez federal de control en Hermosillo, Sonora, se solicitó audiencia inicial, llevándose a cabo los días 13 y 18 de noviembre de 2020, en la que, una vez expuestos los datos y argumentos, tanto de la Fiscalía como de la defensa de los imputados, el juzgador resolvió vincular a proceso a los imputados.

La tragedia de la Guardería ABC ocurrió el 5 de junio de 2009, cuando el incendio que supuestamente empezó en una bodega del gobierno de Sonora se extendió a la estancia infantil, en el municipio de Hermosillo, Sonora, la cual otorgaba sus servicios de manera subrogada para el IMSS.

Además de los 49 menores de edad que fallecieron a consecuencia de la conflagración, otros 43 menores y adultos resultaron heridos.

La hoy extinta Procuraduría General de la República ejercitó acción penal contra 22 personas, entre ellas, servidores públicos del IMSS, del gobierno de Sonora, del municipio de Hermosillo e integrantes de la sociedad civil denominada Guardería ABC, y de ellos el juez primero de distrito en esa entidad dictó sentencia condenatoria el 13 de mayo de 2016 contra 19 de los involucrados.

El fallo judicial fue recurrido por las vías legales correspondientes y actualmente está por resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, refirió la FGR.

De esa manera, el 25 de febrero de 2020 el IMSS presentó una denuncia de hechos que involucró a funcionarios de alto nivel de ese organismo, y que trajo como consecuencia el proceso contra los panistas y ex funcionarios del IMSS.