Rosario Robles Berlanga buscará acogerse a la figura de testigo protegido para aportar su testimonio sobre el esquema conocido como la estafa maestra.

Integrantes de la defensa de la ex secretaria de Desarrollo Social confirmaron que preparan su propuesta, la cual deberá ser aprobada por la Fiscalía General de la República (FGR), como parte acusadora, y luego presentada en audiencia judicial.

Lo que buscan los abogados de la ex funcionaria es recurrir al criterio de oportunidad, una figura incluida en el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), que permite al Ministerio Público no ejercer la acción penal contra un acusado si es que considera que esto le reditúa un beneficio, como sería en este caso, con información que vincule a otros implicados en el caso y permita esclarecer cuál fue el destino final del dinero sustraído.

Cinco de los señalados como cómplices de Robles Berlanga ya han buscado acogerse a este criterio y varios forman parte de los testigos que podrá utilizar el Ministerio Público durante el desahogo del juicio.

El más reciente es Emilio Zebadúa González, quien fue oficial mayor en las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la de Desarrollo Social (Sedesol) cuando las encabezó la ex funcionaria.

Asimismo, el ex director general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo, de la Sedatu, Armando Saldaña Flores, se acogió al criterio de oportunidad a cambio de aportar información útil, veraz y confiable que permitirá a las autoridades ministeriales realizar el esclarecimiento de los hechos.

Quienes también ya se declararon como testigos colaboradores son José Antolino Orozco Martínez, ex jefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional; Marcos Salvador Ibarra Infante, ex director general de Coordinación de Delegaciones; y María del Carmen Gutiérrez Medina, ex jefa de la Unidad de Políticas, Planeación yEnlace Institucional en la Sedatuy la desaparecida Sedesol.

Todos ellos han aceptado ya algún grado de participación en la estafa maestra, un esquema basado en la entrega de contratos a universidades públicas, proyectos que jamás se concretaron y sin embargo se pagaron, causando un daño al erario de alrededor de cinco mil millones de pesos.

Las declaraciones de dichos colaboradores, entre ellas las emitidas por Zebadúa González, fueron parte del fundamento para la nueva orden de aprehensión que se libró contra Rosario Robles por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Esta acusación se sumó a la que tenía por ejercicio indebido del servicio público, por la cual ya está sujeta a proceso y prisión preventiva en el Centro Femenil de Santa Martha Acatitla, desde el 13 de agosto del año pasado.

Al acogerse al criterio de oportunidad, el imputado acepta su culpa en el delito del cual se le acusa, aunque no será procesado ni sentenciado, a cambio de colaborar en las investigaciones del caso, según el acuerdo al que haya llegado con la fiscalía.