Ante la intención del diputado de Morena Feliciano Flores Anguiano, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, de impulsar una ley de aguas nacionales con el mismo esquema de distribución inequitativa del líquido que está vigente, organizaciones llamaron a los legisladores a garantizar el derecho humano al agua pendiente desde hace siete años y no ceder a los grandes intereses que buscan secuestrar el proceso legislativo.

Integrantes de la Coordinadora Agua para Todos y del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) recordaron que la semana pasada, en una sesión de la comisión, se presentó, fuera del orden del día, una votación para aprobar un acuerdo y establecer una ruta de dictaminación para una nueva legislación, aunque es la Comisión de Medio Ambiente la que debe hacer ese procedimiento.

Se trata de un proyecto presentado por el diputado del PAN, Mario Mata, que contraviene el derecho humano al acceso al agua y al saneamiento, así como la participación ciudadana en la gestión de los bienes hídricos en conjunto con los tres niveles de gobierno como garantes de dicho derecho, de acuerdo con lo establecido en la reforma constitucional de 2012, indicaron.

Se trata de una propuesta que genera vulnerabilidad para las poblaciones, fomenta la privatización de los bienes hídricos y mantiene los privilegios vigentes en favor de grandes intereses económicos. Sus contenidos son análogos a la Ley de Aguas Nacionales vigente, la cual fue aprobada en el sexenio de Carlos Salinas, señaló Pedro Moctezuma, de Agua para Todos.

En videoconferencia, Maira Olivo, abogada del Centro de Derechos Humanos Indígenas Flor y Canto, afirmó que con esa propuesta se mantiene la política extractivista del agua. Recordó que hay 68 pueblos indígenas en el territorio nacional que se encuentran en 49 por ciento de las cuencas más importantes, en las cuales se han dado casi 78 mil concesiones de aguas nacionales, 20 mil de zonas federales, sin su consentimiento.

Xavier Martínez, del Cemda, señaló que la Ley de Aguas Nacionales tiene deficiencias, como el no reconocer el manejo integral de la cuenca ni todos los ecosistemas. La ley debería reflejar al país pluricultural, no sólo agua y saneamiento.