México pierde cada año unas 260 mil hectáreas debido al cambio de uso del suelo ilegal, la tala clandestina, el comercio ilegal de materias primas y productos forestales, los incendios, plagas y enfermedades forestales, así como las prácticas inadecuadas de manejo forestal, señala el borrador del Programa Nacional Forestal 2020-2024 de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

El documento destaca que ésta es la principal causa directa de la degradación de los ecosistemas terrestres y de la pérdida de la biodiversidad. Apunta que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) estima que 23.51 por ciento de la superficie nacional presenta procesos físicos o químicos de degradación y 21.4 por ciento presenta erosión.

Destaca que actualmente las selvas y los bosques mesófilos tienen la menor superficie de vegetación primaria y son los que presentan mayor degradación. De ellos, las selvas altas y medianas son las más afectadas, pues presentan el menor porcentaje de vegetación primaria.

La degradación y pérdida de la cobertura forestal merman el patrimonio natural del país, disminuyen las oportunidades para generar alternativas de empleo e ingreso para los dueños y poseedores de los terrenos forestales en el medio rural, provocan una disminución de la capacidad para la producción agroalimentaria por la pérdida de suelo y agua, así como una disminución en sus capacidades de adaptación y mitigación al cambio climático, poniendo en riesgo el bienestar social y económico de la población, señala el documento a consulta en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer).

Baja competencia silvícola

Agrega que además hay baja competitividad de las actividades silvícolas frente a otras actividades económicas, lo cual alimenta el ciclo de marginación de los habitantes de las áreas forestales y de la deforestación, no siendo capaces de aprovechar la riqueza natural disponible y su potencial para convertirse en un motor del desarrollo sostenible mediante la generación de empleos, crecimiento económico y bienestar social.

Advierte que el deterioro de los ecosistemas y el aprovechamiento no sustentable de los recursos forestales son el resultado de procesos complejos que van más allá del sector forestal y que requieren de una política pública con enfoque transversal, que sea territorial más que sectorial. Precisa que hay variables sociales, económicas e institucionales, como los conflictos socioambientales, agrarios, la débil cohesión y organización social dentro de las comunidades y ejidos, entre otras dificultades.