La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó una probable malversación de 74.2 millones de pesos en el ejercicio presupuestal del año pasado del Programa Nacional de Inglés (Proni), operado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y los gobiernos de las entidades federativas.

Lo anterior, de acuerdo con la revisión de este programa que forma parte de la cuenta pública 2019, en la que el órgano fiscalizador observó que dicha cantidad representa 9.2 por ciento de los 800 millones de pesos que la Cámara de Diputados aprobó para la operación de este proyecto que beneficia a estudiantes de prescolar, primaria y secundaria.

El documento asentó que las autoridades educativas federales entregaron recursos económicos a 14 entidades mediante la formalización de adendas a los convenios previamente establecidos, pero esos apoyos no llegaron a las instituciones locales de educación.

Las presuntas irregularidades en el ejercicio del presupuesto observado se detectaron en Campeche, Colima, Chiapas, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Yucatán, Durango y Zacatecas.

Entre las anomalías hay 28.2 millones de pesos que deberán ser aclarados por la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP, que opera el Proni. La auditoría observó además que no existe un criterio claro en las reglas de operación del Proni en el que se indique cuál es la metodología y los parámetros para la asignación y distribución de los recursos destinados para materiales didácticos para las clases y el desarrollo de una plataforma tecnológica (apoyo en especie) en cada entidad federativa.

San Luis Potosí es el estado donde se detectó el monto más alto de las presuntas irregularidades, con 13 millones de pesos, de los cuales 9.3 millones de pesos fueron destinados a la contratación de 330 asesores externos de los que no se registra evidencia documental.