París. El Grupo de los 20 (G-20) se limitó el domingo a enumerar grandes principios sobre la explosiva cuestión de la deuda de los países pobres, advirtieron diversas ONG.

Por separado, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salmán, enfatizó que la agrupación ha asignado más de 14 mil millones de dólares para aliviar la deuda de las naciones más pobres con una población total de más de mil millones de personas.

Los dirigentes de los 20 países más ricos del mundo, reunidos por videoconferencia el sábado y el domingo bajo la presidencia de Arabia Saudita, reiteraron su compromiso de mantener la llamada iniciativa de suspensión del servicio de la deuda (DSSI), incluida su extensión hasta junio de 2021, y si bien reconocieron que se necesitaría ir más allá, no se mencionó ningún otro acuerdo.

La Organización de Naciones Unidas esperaba una nueva prórroga hasta finales de 2021, pero el G-20 dejó en manos de sus ministros de Finanzas el examen de esta cuestión para el año que viene. Tampoco se mencionó el uso de los llamados derechos especiales de giro (DEG).

La ayuda es sólo una gota en el océano

Hasta la fecha, sólo se han aplazado los pagos de intereses de 46 países–de los 73 que reúnen las condiciones necesarias– por un importe de 5 mil 700 millones de dólares. Una gota en el océano frente a los 11 billones de dólares que los países del G-20 han gastado en la lucha contra la pandemia, denuncian las ONG.

Aunque la respuesta del G-20 fue rápida en abril, ahora niega la urgencia. Sin embargo, estamos hablando de salvar vidas, dijo Louis-Nicolas Jandeaux, portavoz de Oxfam Francia.

El G-20 necesita aplicar un marco de alivio de la deuda más amplio, pues seis de los 12 países con las tasas de muerte por coronavirus más altas son países de ingresos medios, que permanecen fuera del alcance del proceso de desendeudamiento, apuntó Eric LeCompte, director ejecutivo de Jubilee USA Network, citado por The Independent.

Conscientes de que la moratoria no sería suficiente, los grandes financiadores del G-20 prepararon la semana pasada el camino para una restructuración de la deuda de ciertos países.

Pero sólo prevé cancelaciones en casos excepcionales y los acreedores privados no están obligados a participar, deploró Lison Rehbinder, de la organización CCFD-Terre Solidaire.