Madrid. El capital procedente de España, el segundo inversionista extranjero en México, está asentado en la economía mexicana desde hace más de dos décadas, pero ve con reservas algunas de los cambios que está experimentando el país a raíz de la llegada al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en el sector energético, que una buena parte del empresariado ibérico anhela desde hace décadas.

La mayoría de las inversiones españolas en el país son a largo plazo y con proyectos que trascienden a gobiernos específicos, como es el caso del sector bancario o la telefonía, donde los planes de expansión van más allá de los 20 e incluso 30 años.

Las empresas españolas se han ido asentado en el mercado mexicano desde hace más de dos décadas, de hecho desde que existen registros específicos sobre la inversión y las relaciones bilaterales entre ambos países, desde 1999, se calcula que la inversión procedente de España en México ha superado ya los 65 mil millones de euros, que se han diversificado en sectores estratégicos, como el bancario, la energía, el turismo y las infraestructuras, pero también en otros, como los servicios, la tecnología o la cultura.

Los datos más recientes del Instituto de Comercio Exterior del gobierno español confirman que la inversión española en México está asentada en proyectos a largo plazo, al menos la inmensa mayoría, como lo confirman las más de 6 mil 400 empresas de capital español operando en el país y que generan alrededor de un millón de empleos directos y más de 400 mil indirectos. Además, de 2010 a 2019 –en 2020, además de que todavía no hay datos oficiales resulta estéril comparar por la crisis del Covid-19, que paralizó la mayoría de las inversiones– el flujo de las inversiones de capital español en México ha superado los 5 mil millones de euros.

La reciente visita de la ministra de Asuntos Exteriores del gobierno español, la socialista Arancha González Laya, pretendía, además de estrechar relaciones con el gobierno mexicano, defender la honestidad de la mayoría de las empresas españolas afincadas en México.

La razón es el alud de casos de corrupción que empiezan a aflorar de los anteriores sexenios, sobre todo de los ex mandatarios Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en los que se están investigando diversos casos de corrupción, nepotismo y abuso de poder en los que estarían involucradas multinacionales españolas para conseguir contratos públicos, entre ellas la constructora OHL, las empresas energéticas en sus diversas adjudicaciones de contratos públicos, como Iberdrola, Naturgy o Acciona.

Se destacó el cúmulo de irregularidades que se habrían registrado en el sector de los hidrocarburos, sobre todo en las inversiones de Petróleos Mexicanos (Pemex) en España, en particular durante la gestión de Emilio Lozoya Austin, cuando incluso se anunció la compra de un astillero y la parte de un puerto en Coruña.

Uno de los principales objetivos de la canciller española durante su reciente visita a México era, pues, despejar dudas sobre la integridad de las empresas españolas, sobre todo para presionar al gobierno mexicano en la ansiada liberación definitiva del sector energético, que ha sido a su vez el principal objetivo de su desembarco en México, tanto en la generación de energías limpias como en la explotación de yacimientos de crudo y el asentamiento de plantas generadoras.

Aunque no hay una postura corporativa oficial, empresas como Iberdrola, Naturgy y Acciona están presionando, ya sea a través del gobierno español o en foros internacionales, para que el gobierno mexicano no cierre el sector a la iniciativa privada extranjera, al sostener que se podría generar una especie de monopolio estatal por conducto de la Comisión Federal de Electricidad.

Sin embargo, las empresas confían en que sus inversiones, que se extienden por todo el país y en proyectos de lo más diversos, están garantizadas y no temen por ellas, y señalan que les gustaría una mayor apertura. Por eso una de las encomiendas de la canciller española era facilitar el desembarco de las eléctricas españoles en ese sector clave de la economía mexicana, que a su vez ya fue una de las líneas de actuación del mandatario español, el socialista Pedro Sánchez, en su única visita a México en enero de 2019.

Otra de las tareas de la canciller y del conjunto del gobierno español en su política diplomática con México es eliminar del imaginario colectivo la imagen de la corrupción que relaciona de forma directa a las empresas ibéricas en el pasado, sobre todo durante el anterior sexenio, pero también de forma destacada durante el gobierno de Calderón, en los que hubo numerosos casos todavía en fase de investigación por la justicia, pesquisas que cuestionan las formas y los métodos empleados para la adjudicación de contratos públicos.

Entre los diversos casos, el más llamativo es el de los contratos adjudicados a la multinacional OHL, también señalada en España por numeroso casos de corrupción y siempre bajo el mismo esquema: el pago de comisiones ilegales para la adjudicación de obra pública.

La principal empresa española de la industria de las telecomunicaciones, Telefónica, confirmó que sus inversiones en México son a largo plazo, así desmintió los rumores de una supuesta salida del país por la baja rentabilidad del espectro radioeléctrico.

De hecho, la multinacional española ya ha invertido en México más de 12 mil millones de euros y es una de las principales empresas de un sector cada vez más básico y masivo.

En el sector financiero, el mercado mexicano es cada vez más importante para la gran banca española, sobre todo para el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y el Grupo Santander; las fusiones que se cocinan en el mercado español confirman su apuesta a largo plazo por México.

En la cuenta de resultados de los últimos ejercicios no se ha ocultado que una buena parte del mantenimiento de los beneficios y de que no hayan bajado en el ritmo de su rendimiento bursátil se ha debido al buen comportamiento del mercado mexicano y a su apuesta por expandirse más.