Las contrataciones públicas para realizar obras o adquirir servicios son la actividad con mayor riesgo de corrupción, por lo que deben ponerse en marcha políticas de transparencia y rendición de cuentas en cada fase de este proceso, además de evitar la asignación directa de encomiendas con el pretexto de que se trata de asuntos urgentes.

Así lo afirmaron los participantes en el último día de actividades de la Semana Nacional de la Transparencia 2020 Salud pública y transparencia, quienes llamaron a no extender por tiempo indefinido los periodos de compras de emergencia y a sujetar todos los procesos de asignación a auditorías.

Jacobo García Villarreal, especialista en compras públicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), indicó que en México las contrataciones públicas equivalen a 5 por ciento del producto interno bruto y hasta 20 por ciento del gasto gubernamental, el cual se destina mayormente a cubrir necesidades de salud, educación y protección social.

La pandemia de Covid-19, dijo, ha evidenciado que un proceso de contratación pública bien gestionado es fundamental para estar más preparado ante la crisis, lo cual ha llevado a prácticamente la totalidad de los países de la OCDE a contar con estrategias en temas como rendición de cuentas, transparencia, innovación y compras sustentables.

Óscar Hernández, gerente para América Latina de la organización Open Contracting Partnership, señaló que las contrataciones siempre han sido el riesgo número uno de corrupción para los gobiernos, lo cual se ha intensificado durante la pandemia.

“Hemos visto cómo los sistemas de compras públicas de los gobiernos se vieron obligados a una competencia salvaje por insumos limitados, lo cual llevó a los países a pagar más de lo necesario y arriesgarse a comprar productos falsos o defectuosos, como si fueran ‘los juegos del hambre’”, por lo que debe fortalecerse un sistema de compras inteligentes y abiertas al escrutinio público.

En el foro participó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien señaló que el acceso a la información pública gubernamental y la protección de los datos personales han sido fundamentales para enfrentar la crisis de salud y económica que atraviesa el país por la pandemia.