A 10 años de Impunidad, devastación ambiental y daños a la salud por parte de la planta Procesadora de Residuos Ecoltec filial de la cementera Lafarge-Holcim (Geocycle).Cortesía: Fundación para el Desarrollo Integral Apaztle

Luchando por una vida digna en la región Tolteca

Ante la grave problemática ambiental y de salud en la región de la Cuenca del Río Tula, sur del estado de Hidalgo y norte del Estado de México (Tula y Atitalaquia en Hidalgo y Apaxco en el Estado de México), generada por diversas fuentes contaminantes y principalmente por la industria, han surgido organizaciones sociales como el Movimiento Pro Salud Apaxco Atotonilco, la Fundación para el Desarrollo Integral Apaztle, el Frente de Comunidades en Contra de la Incineración (FCCI) y la Red de Conciencia Ambiental Queremos Vivir A. C. Estas organizaciones tienen como origen la defensa y rescate del Río Tula, en noviembre del 2017, frente al ecocidio que pretendía hacer la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el principal cuerpo de agua del municipio y uno de los reservorios de biomasa más importante de la zona, a través del proyecto “Obras de Protección Contra Inundaciones en el Rio Tula ante la Descarga del Túnel Emisor Oriente”.

Además, hemos creado una coalición de diferentes grupos en contra de una causa común que es la incineración de residuos en plantas de cemento y termo valorización. Llevamos a cabo diversas gestiones en los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal, pero lamentablemente hasta hoy, las respuestas a nuestras demandas son pobres o sin algún resultado.

El Gobierno del estado de Hidalgo, a través de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Hidalgo (Copriseh), el Consejo Estatal de Ecología (COEDE), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (SEMARNAT) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), realizaron en 2008 el proyecto Evaluación Epidemiológica y Ambiental de la Región Tula-Tepeji, con estudios de aire, agua, suelo y epidemiológicos en los municipios de Tula, Atotonilco de Tula, Atitalaquia, Tepeji y Tlaxcoapan. A la fecha se desconocen los resultados, aun cuando han sido solicitados a la autoridad correspondiente.

Han sucedido también accidentes graves en nuestra región: en abril del 2013 ocurrió una explosión en la planta de agroquímicos ATC (VELSIMEX) en Atitalaquia, Hidalgo. A partir de ese acontecimiento surgió el movimiento “Caminando por la Justicia Atitalaquia”, que solicitó al gobierno estatal la realización de una investigación de las sustancias que fueron liberadas al ambiente, provocando intoxicación aguda y manifestaciones crónicas en la salud, que aún padecen las y los habitantes de la zona.

En noviembre de 2019 se presentó el Plan de Restauración Ecológica de la Región Tula. En este documento, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) simuló una participación ciudadana que no representaba las necesidades y planteamientos de las comunidades afectadas, por lo que de ello se derivó el movimiento “Colectivo de comunidades de la Región Tolteca”.

Respecto al uso y explotación del agua, desde 1994, la Conagua ha expedido títulos de concesiones para aguas subterráneas. El sector más beneficiado ha sido principalmente el industrial. Actualmente no hay transparencia por parte de esta institución acerca del suministro de agua potable para la etapa de operación y mantenimiento del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL), en el Estado de México. Para este proyecto, el agua proviene del acuífero Valle del Mezquital, cercano a la ciudad de Tula, con un requerimiento de 12 millones de litros al día. Todo lo anterior implica privar del agua a las comunidades, violando el derecho humano al agua y saneamiento.

De los problemas socio ambientales presentes en la región se observa y se demuestra gran desinterés y omisión de los tres niveles de gobierno; esta desatención tiene como principal responsable al sistema neoliberal, que subordina al Estado a intereses privados e implica una mercantilización de los bienes comunitarios y de la nación (agua, bosques, suelos, biodiversidad).

Las propuestas de las comunidades afectadas para resolver el problema socioambiental, son las siguientes:

1. Prohibir la incineración de residuos en plantas de cemento y de termo valorización.
2. Apoyo del gobierno federal a la iniciativa de Ley para la Gestión Integral de los Residuos, presentada por la senadora del estado de Hidalgo, María Merced González González del 20 de abril del 2020, en la que se prohíbe la incineración de residuos y se propone una Ley de Basura Cero.
3. Apoyo del gobierno federal para la iniciativa de reforma de ley de los artículos 162 y 162 Bis de la Ley de Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo, en la que se prohíbe la incineración de residuos, además de que convierta en un ordenamiento de carácter federal.
4. En el estado de Hidalgo solo se trata el 19.4% de las aguas residuales que se generan, siendo uno de los estados más rezagados del país en la materia. De allí la necesidad de crear Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), además de planear nuevos procesos de saneamiento ecológico de aguas residuales urbanas y priorizar el agua limpia para la producción de alimentos, haciendo valer el derecho humano al agua potable y saneamiento.
5. Exigimos a las autoridades que se ejecuten las acciones plasmadas para la región en el “Programa de Gestión de la Calidad del Aire del Estado de Hidalgo”, así como obligar a las industrias a utilizar equipos de control de emisiones y establecer límites de emisión más estrictos que los que marca la normatividad actual en materia de atmósfera.
6. Implementar Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial de carácter local en cada uno de los municipios de la Región Tolteca, con un reordenamiento de la industria, considerando los impactos ambientales acumulados, superando la visión que los considera de forma aislada. Considerar de manera integral el cambio de uso de suelo, dando mayor importancia a la conservación del ambiente y a la biodiversidad.
7. Para caminar hacia una vida digna, es necesario cambiar paradigmas, favoreciendo un giro biosocial de las economías. Deben incentivarse proyectos de reciprocidad con la tierra, desde economías que estén en manos de las comunidades, enfocadas en atender los servicios esenciales y la protección de las mismas. Las dinámicas industriales han despojado a las comunidades del control de su medio ambiente, territorio, trabajo y economía.

Concluimos diciendo que el gobierno, como garante de los derechos humanos, debe asumir con responsabilidad el problema del desastre ambiental de la región Tolteca y resolver favorablemente en beneficio de la vida y la salud de los mexicanos que habitamos esta región. Además, debe hacer prevalecer los derechos de quienes habitamos esta zona devastada, pero sobre todo el derecho de las niñas y los niños para tener un futuro digno y un medio ambiente sano. •