Medicion de contaminantes del Corredor Industrial Quetzalcoatl.Centro Fray Julian Garces

Del envenenamiento neoliberal a la reconstrucción socioambiental

Donald Trump en su primera campaña electoral y durante la negociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), no se cansó de vituperar a nuestro país por la manera en que supuestamente abusó comercialmente de Estados Unidos (EU). Fue sintomático cómo en 2018 los grandes defensores nacionales del libre comercio nunca se atrevieron a desmentir a Trump, ni explicaron al público que los beneficios descomunales no fueron para el pueblo de México y EU, sino para los grandes empresarios (estadounidenses, canadienses, europeos, mexicanos, etc.) Estos operaron bajo condiciones de privilegio y construyeron paraísos industriales que en sus países jamás les hubieran permitido. Mientras los inversores gozaban de una desregulación ambiental y laboral encaminada al enriquecimiento fácil, el pueblo de México sufrió los salarios más bajos del mundo, condiciones criminales de desregulación ambiental, el control fraudulento de los procesos electorales y finalmente, una narco-ingeniería del terror y la destrucción de los tejidos sociales, que permitieron neutralizar el descontento popular creciente.

A consecuencia de esto, México, como muchas otras regiones del mundo, enfrenta la peor crisis ambiental de su historia. Esta situación no sólo es por el cambio climático y temas de agenda verde, en los que se piensa automáticamente cuando se habla de destrucción ambiental. La crisis de salud por Covid-19 ha vuelto evidente que las zonas más “modernizadas” (las grandes ciudades y zonas industriales) del país enfrentan problemas catastróficos de agenda gris, relacionados con la contaminación. Temas que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de las administraciones neoliberales, deliberadamente silenciaron y desatendieron durante décadas. Nuestra crisis ambiental y sanitaria, ocasionada por la saturación de agentes tóxicos altamente peligrosos, ya alcanza o supera niveles de contaminación observados en los peores lugares de China, Estados Unidos, Indonesia, India, Nigeria o Gahna, entre otros.

Para darnos una idea de la compleja situación por la que atravesamos, hay que considerar una escala superior a la de las cuencas hidrológicas o nueve macroregiones gravemente dañadas por la sobrexplotación de los territorios, los recursos naturales, el sobre uso de infraestructuras y la afectación a la salud de poblaciones, que durante las últimas tres décadas impuso el libre comercio y sus paraísos industriales, agroindustriales, extractivos y urbanos, así como la corrupción empresarial e institucional, la pesadilla de las actividades del crimen organizado y la destrucción de la organización comunitaria. Tales regiones son: el Eje Neovolcánico, el complejo minero extractivo de la Sierra Madre Occidental, el altiplano semiarido del llamado desierto Chihuahuanse, las redes en mar y tierra del complejo petrolero del Golfo de México, el corredor agroindustrial de la planicie costera del Noroeste (el “granero de México”), el doble corredor interoceánico Nuevo Laredo-Manzanillo y Nuevo Laredo-Lázaro Cárdenas, las zonas industriales y extractivas de la Frontera Norte, la Península de Yucatán y las Selvas tropicales del Sureste de México. En algunos casos, las regiones se superponen parcialmente, en otros la densidad de los procesos disruptivos, la crisis económica, de salud y el grado de irreversibilidad de las destrucciones, varía mucho de una región a otra.

Aunque una parte central del desastre ambiental es la ausencia dolosa de datos duros sobre la contaminación y la destrucción de la salud humana por causas ambientales, es reconocido que al menos el 70% de las cuencas hidrológicas están severamente contaminadas. Los ejemplos abundan: la cuenca del Rio Lerma, la parte alta del Rio Grande Santiago, el Alto Balsas (en la regiones tlaxcaltecas del Atoyac y el río Zahuapan, la presa Valsequillo, o en la región de Morelos y el Estado de México), el Río Tula que arrastra las aguas negras de la Ciudad de México hasta el Valle del Mezquital en Hidalgo. Los ríos veracruzanos del Bajo Coatzacoalcos, el Atoyac, el Papaloapan, otros ríos de Sonora en los que se extiende la contaminación minera, urbana, de mega granjas, por mencionar algunos.

Si observamos las entidades federativas, casi todas han destruido parcial o íntegramente su medio ambiente. Aunque la competencia es muy reñida entre los estados de Sonora, Nuevo León, Coahuila, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala o Tabasco, sobresalen Jalisco, Guanajuato, el Estado de México, la capital del país, Puebla y Veracruz.

Más allá de esto, existen alrededor de 40 infiernos o Regiones de Emergencia Ambiental (REA) que proliferan en el país, donde se padecen problemas de contaminación inocultables, pero que en realidad son poco conocidas porque nadie se siente atraído a visitar este tipo de lugares en donde se concentran y superponen diversos procesos de emisiones y vertidos de todo tipo de contaminantes a gran escala: descargas sólidas, liquidas, y aéreas de las grandes ciudades, corredores turísticos e industriales, agroindustriales y emplazamientos extractivos.

El Eje Transversal Neovolcánico –que reúne no sólo a la mayor parte de la población del país– sobresale por las putrefactas aguas del Río Lerma, del Río Tula o el Alto Balsas, así como por la sucesión de 15 REA paradigmáticas: 1. El corredor agroindustrial suroeste-noreste de Jalisco; 2. El corredor industrial del Alto Santiago (entre Ocotlán y Puente Grande); 3. La Cuenca Independencia, en Guanajuato; 4. El Corredor industrial del Sur de Guanajuato (Celaya, Irapuato, Salamanca, León, San Francisco del Rincón); 5. El corredor agroindustrial del sur de Guanajuato y el corredor aguacatero de Michoacán (que ya ha penetrado en Jalisco y el Estado de México); 6. El Corredor industrial Querétaro-San Juan del Río; 7. La parte norte del Valle del Mezquital, en Hidalgo; 8. El corredor extractivo e industrial de la parte sur del Valle del Mezquital (que incluye las regiones industriales de Tula, Atitalaquia, Apaxco, Atotonilco en el Estado de México e Hidalgo); 9. El Corredor industrial de la Carretera 57 al Norte de la Ciudad de México; 10. El corredor entre La Joya, Villa Guerrero, al Sur del Nevado de Toluca y el Alto Lerma (entre Toluca y Atlacomulco, en el Estado de México); 11. El corredor urbano Nororiente de la Ciudad de México y del Estado de México (que comprende entre Temaxcalapa, los parques industriales del oriente de Tecamac y Ecatepec, el Túnel Emisor Oriente, la devastación general causada por el intento de construcción del aeropuerto de Texcoco, por la presencia de los canales a cielo abierto, y la urbanización salvaje de Ciudad Nezahualcóyotl-Iztapalapa, Ixtapaluca y Chalco); 12. Los corredores industriales de Tlaxcala y Puebla; 13. El corredor agroindustrial del centro oriental de Puebla; 14. Los diversos infiernos ambientales de la planicie del centro de Veracruz (en los municipios Manlio Fabio Altamirano, Soledad de Doblado, Cosamaloapan, Amealco, Cuitláhuac y Atoyac) y de Oaxaca (en Cosolapa, Acatlán de Pérez Figueroa); finalmente 15. El complejo petroquímico del norte del Istmo (de Coatzacoalcos, Nanchital, Minatitlán, Cosoleacaque y Jáltipan), que termina en la franja extractiva de petróleo en Tabasco.

Entre 1982 y 2018, la mayoría de las normas e instituciones legislativas, ejecutivas y judiciales fueron organizadas para facilitar el envenenamiento industrial y los procesos comerciales en detrimento del pueblo de México. En el ámbito académico se banalizó la investigación no sólo sobre la tragedia que se vivía en las comunidades, sino que también se dejó de hablar sobre la continua obstaculización y el aborto de políticas toxicológicas, epidemiológicas y educativas, que de haber sido aceptadas, hubieran permitido detener la tragedia que padecemos hoy.

Actualmente están ocurriendo cambios esenciales nunca antes vistos en materia de persecución a múltiples y ubicuas actividades criminales y de corrupción. Pero ni las autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ni la Fiscalía General de la República (FGR), ni la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Economía (SE), ni el periodismo de investigación han tomado nota de las formas en que este huachicol del medio ambiente ha permitido a numerosas empresas obtener fuentes interminables de dinero fácil, con base en la desregulación ambiental imperante. Para millones de mexicanas y mexicanos que sufren la marginación ambiental de la que son víctimas, es una cuestión de vida o muerte que las y los actuales funcionarios públicos del país comprometan o no sus nuevas políticas de justicia social, con las desconocidas, pero indispensables políticas de justicia ambiental.

Las historias que leerán a continuación, por desgracia, no son excepcionales, sino la punta de un gigantesco iceberg de injusticia social, del que sucesivas “autoridades” ambientales y sanitarias del país son responsables, al haber permitido o ignorado sistemáticamente –por dolo, omisión, ignorancia o burocracia– la existencia, la reproducción y el agravamiento continuo de estas situaciones que han deteriorado el medio ambiente y por lo tanto la salud humana. Las narraciones son de algunos de los grupos que han logrado organizarse de la mejor forma posible, para resistir los embates brutales que generaron las salvajes reglas del juego que impuso el neoliberalismo. Sus denuncias, sus movilizaciones, luchas, reclamos e iniciativas autogestivas son tan ejemplares como las injusticias que han padecido. La lucha de las comunidades, los científicos comprometidos con el país, los medios de comunicación libres y la actitud que adopte la actual administración, tienen la palabra. •