a Fiscalía General de la República (FGR) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitieron hace dos días un comunicado conjunto en el cual anunciaron que las autoridades estadunidenses retirarían todos los cargos contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda, ex secretario de la Defensa Nacional, detenido en Los Ángeles el pasado 15 de octubre por tres acusaciones de narcotráfico y una de lavado de dinero. Horas después, el canciller Marcelo Ebrard ofreció una conferencia de prensa para informar acerca de las acciones del gobierno y la fiscalía para lograr este acuerdo, los alcances del mismo, así como su significado en términos de respeto a la soberanía mexicana y a las fuerzas armadas del país. Ayer, la jueza federal Carol B. Amon, quien llevaba el caso radicado en el estado de Nueva York, accedió a retirar las acusaciones como asunto de política exterior y aprobó el traslado expedito del general a México bajo custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

El desarrollo de los acontecimientos ha dejado claro que la detención de quien estuvo al frente del Ejército y la Fuerza Aérea durante el sexenio anterior fue un acto violatorio de la alianza de cooperación conjunta contra la delincuencia organizada establecida entre Washington y México, hecho reiterado por el canciller Ebrard en nombre del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Como puntualizó el jefe de la diplomacia nacional en su comparecencia ante los medios, desde el 21 de octubre le expresó al embajador Christopher Landau el descontento mexicano por no haber sido enterado de las indagatorias con la anticipación debida; el día 26 transmitió dicho malestar al fiscal general de Estados Unidos, William Barr, y dos días después remitió a la embajada estadunidense una nota diplomática con profundo extrañamiento por el proceder contra el general. En esta misiva se recalcó que actuar a espaldas de las autoridades mexicanas constituye una conducta indebida, independientemente de la inocencia o culpabilidad del acusado en hechos que se le imputaron.

En respuesta a la especie de que el envío del ex secretario a México signifique alguna suerte de pacto de impunidad, el presidente López Obrador afirmó en su conferencia matutina de ayer que no se dará carpetazo y se continuará con las investigaciones a partir del expediente de 700 documentos entregado por el Departamento de Justicia a la FGR el pasado 11 de noviembre. Más allá del compromiso del mandatario, no puede perderse de vista que el militar llegará a México en libertad, y que no puede ser de otra manera en tanto la fiscalía ha tenido menos de una semana para analizar la documentación enviada por su análoga estadunidense. En este sentido, lo único concreto hasta ahora es que las autoridades estadunidenses transgredieron los acuerdos de cooperación bilateral en materia de seguridad e intercambio de información de inteligencia, que el gobierno de México presentó un reclamo por esa transgresión, y que dicho reclamó quedó satisfecho con el desistimiento del Departamento de Justicia y la anuencia de la jueza Amon.

En suma, las gestiones del gobierno de México han concluido con una incontestable reivindicación de la soberanía nacional. Sin embargo, algunos sectores de la opinión pública no han podido percibirlo así, pues consideran que el sistema de justicia mexicano padece una disfuncionalidad tan aguda como incorregible y que lo mejor que podría hacerse es dejar los juicios de alto perfil en manos de las autoridades estadunidenses. Si bien esa perspectiva resulta comprensible por el doble antecedente de la corrupción del aparato de impartición de justicia, de un lado; y de la obsequiosidad ante Washington que marcó durante décadas a los inquilinos de Los Pinos y sus equipos, por el otro, es imperativo rechazar la idea de que México esté condenado a la inoperancia de su sistema de justicia penal. En cambio, cabe exigir que la información recabada en el país vecino del norte se analice minuciosamente, se ponga a disposición del público –cuando el cumplimiento del debido proceso lo permita– y se use para fincar los cargos pertinentes o exonerar a Cienfuegos, sin más consideraciones que las aportadas por la evidencia.

En este proceso, la fiscalía deberá emprender una averiguación independiente, completa e inatacable en todo aspecto procedimental, sin prejuicios ni cortesías hacia la figura del investigado. De llegar su turno, el Poder Judicial tendrá el reto de conducir un juicio impoluto y apegado a derecho que demuestre, sea cual sea el sentido del fallo, la capacidad del país para garantizar el cumplimiento de sus leyes.