En los pasados dos años, distintas áreas del gobierno federal han concretado cerca de 3 mil convenios con firmas privadas en los que celebran desde la contratación de empleados hasta la subrogación de servicios, que implican también la proveeduría de trabajadores especializados que los realicen. Sólo 66 de esos contratos se registran abiertamente como subcontratación de personal.

Datos de Compranet exhiben que empleados de limpieza, profesionistas para diversos organismos –en particular para los financieros– e incluso de médicos se encuentran entre las plazas que el servicio público más suele adquirir vía la tercerización, también conocida como outsourcing.

El martes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que todo lo que pueda existir de subcontratación se termina en el gobierno. El anuncio fue hecho cinco días después de que el mandatario firmara una iniciativa de ley para regular esta figura de empleo.

En la actual administración, una treintena de empresas y personas físicas han suministrado personal al gobierno por un monto de mil 926 millones de pesos, según los contratos que en dos años se registraron en Compranet abiertamente como subcontratación.

La firma más beneficiada por estas contrataciones es Maximovil a Su Servicio, que vía nueve convenios con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) ha generado ingresos por 622 millones 289 mil pesos en los pasados dos años.

Es también el caso de las contrataciones a We Keep on Moving, firma que en el mismo periodo ha proporcionado personal por 538 millones 64 de pesos y Sinergia Servicios de Planificación Empresarial, para la que se han contratado 499 millones 900 mil pesos más en trabajadores.

Sin embargo, la contratación de servicios a externos y personal es más extendida. La información reportada por las distintas áreas que realizan las compras en el gobierno federal registran la tercerización como subcontratación de personal, subrogación, subcontratación o incluso sub. Sin que se reconozca de manera abierta cuántos trabajadores son empleados por un tercero.

Entre los 2 mil 898 contratos en los que las dependencias reconocen la subrogación de servicios, con personal incluido para realizarlos, el monto contratado rebasa los 9 mil 101 millones de pesos.

Los organismos de salud son parte de los ramos del sector público que más tienden a subcontratar médicos, tanto generales como especialistas, además de subrogar otra serie de servicios para los que se supone tienen capacidad instalada y presupuesto.

Por ejemplo, información de Compranet exhibe que desde el año pasado el Issste realizó más contratos para personal médico.

La tercerización se cuadruplicó en 14 años

En 2020 –ya en el marco de la pandemia de Covid-19 que presionó la capacidad instalada en los servicios públicos– también aumentó la compra de servicios de hemodiálisis, quimioterapias, hospitalizaciones, traslados y pruebas de diagnóstico para Covid, entre otros estudios de gabinete. Lo mismo en el Instituto Mexicano de Seguro Social.

Datos de los Censos Económicos que elabora Instituto Nacional de Estadística y Geografía, exhiben que la subcontratación se cuadruplicó en 14 años, de 2004 a 2018. Actualmente es el tipo de empleo que más aumenta en el país.