La iniciativa enviada por el Ejecutivo federal para realizar una reforma en materia de outsourcing podría generar el despido inmediato de medio millón de trabajadores, fomentar la informalidad y simulación por medio de pagos en efectivo para eludir los registros y generar una afectación a las finanzas públicas, se indica en un análisis elaborado por la bancada del PRI en la Cámara de Diputados sobre la propuesta.

En el balance de los efectos negativos de la iniciativa de reforma propuesta por el Ejecutivo para regular la subcontratación, se recuerda que la propuesta consta de modificaciones a distintas legislaciones, entre las que se plantea un cambio a la Ley Federal del Trabajo para prohibir de manera expresa esta práctica, descrita como: una persona física o moral que proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra.

Debido a que las empresas no podrán absorber de manera inmediata a todo el personal que se encuentre subcontratado, se provocará que muy posiblemente opten por dejarlos en la informalidad o utilizar esquemas de simulación como el regreso a los contratos de honorarios. Se estima la eliminación de medio millón de puestos de trabajo de manera inmediata, dice el documento, que recomienda permitir la subcontratación pero con una regulación más estricta.

La propuesta legislativa presentada la semana pasada en Palacio Nacional prevé que las empresas contratantes de servicios especializados subcontratados sean responsable solidarios de las obligaciones laborales de los empleados.

En el análisis se advierte que si las empresas contratantes retoman esa responsabilidad en servicios de limpieza, comedores, vigilancia, demostradoras y promotoría, entre otros, lo natural es que el mercado se inhiba, las empresas buscarán hacer las menos contrataciones de este tipo y habrá una afectación inmediata a la economía del país.

Dichas disposiciones fomentarían la informalidad y el pago en efectivo para evitar dejar rastros de los servicios prestados, por lo que se considera necesario que la regulación sea sólo para empresas de subcontratación y no para todas las de servicios especializados, pues se estaría englobando a todo el mercado, subraya.