l presidente interino de Perú, Manuel Merino, fue forzado a renunciar al cargo debido a la intensa movilización social de repudio en su contra –reprimida de manera feroz, con saldo de dos muertos y más de cien heridos– y en protesta por la desaseada manera en la que el 9 de noviembre el Congreso peruano destituyó a su antecesor Martín Vizcarra, por supuestos actos de corrupción.

De esta manera, la inestabilidad política en la que se encuentra inmersa la nación andina desde hace cinco años se extiende, sin visos de solución.

Los factores más visibles de esta crisis residen en la imposibilidad de una interacción armónica entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, en la ausencia de partidos consolidados e institucionales y en la atomización de las fuerzas políticas.

En ese entorno enrarecido, propicio para los oportunismos y aventurerismos más extremados, se ha instaurado una vasta corrupción que puede ponderarse en el hecho de que los últimos seis presidentes peruanos han debido enfrentar acusaciones de malversación, soborno y lavado de dinero: Alberto Fujimori (1990-2000) está condenado a 25 años de cárcel; Alejandro Toledo (2001-2006) enfrenta en Estados Unidos una demanda de extradición; Alan García (2006-2011) se suicidó en su domicilio para evitar su detención por soborno.

Asimismo, Ollanta Humala (2011-2016), aunque en libertad condicional, enfrenta cargos relacionados con la trama Odebrecht, y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) se encuentra bajo arresto domiciliario por lavado de dinero. Desde luego, la corrupción no afecta sólo al Poder Ejecutivo: 60 de los 130 diputados que integran el Congreso están, a su vez, imputados por manejos financieros ilícitos.

En el entorno institucional descrito, caracterizado por la debilidad presidencial frente al Legislativo y la inexistencia en éste de fuerzas partidistas estables y consolidadas, las acusaciones por corrupción se han convertido, para colmo, en un instrumento de golpeteo político generalizado.

Más allá de ese escenario, lo cierto es que Martín Vizcarra había ganado un extendido respaldo popular, debido principalmente a sus propósitos de combate a la corrupción, en tanto que el Congreso es objeto de un enorme repudio social.

Lo anterior explica la contundencia de las manifestaciones de protesta que estallaron desde el día en el que Vizcarra fue declarado moralmente inepto para ejercer la presidencia por una mayoría integrada por intereses variopintos, entre los cuales destaca el de los propietarios de instituciones de educación privada, los cuales fueron afectados por diversas medidas del ahora ex presidente para regular el funcionamiento de las universidades que proliferaron en el país y que eran meros negocios lucrativos sin mayor contenido educativo.

Tal es el caso del empresario José Luna Gálvez, dirigente del partido Podemos Perú, cuya bancada sufragó en masa por la destitución de Vizcarra.

En el fondo, pues, además de las normas institucionales disfuncionales, la causa de la descomposición imperante en la política peruana debe buscarse en el secuestro de la vida republicana por el poder del dinero.