El Instituto Nacional Electoral (INE) no tiene un peso para organizar la consulta popular sobre el enjuiciamiento de los actores políticos del pasado y quizá sea necesario recurrir a la Corte o al Tribunal Electoral para que se pueda corregir esa omisión legislativa, dijo el consejero Ciro Murayama, luego de que la Cámara de Diputados no le dio al órgano electoral los mil 499 millones de pesos que solicitó para ese ejercicio.

Por lo que hace al recorte de 870 millones de pesos al presupuesto ordinario del organismo que aprobaron los legisladores, Murayama señaló que representa más de 10 por ciento de lo que cuesta hacer el proceso electoral y se trata de un ajuste drástico, sin ninguna explicación y justificación.

Entre las medidas que se tendrán que tomar, resaltó la cancelación de las obras de infraestructura de dos juntas locales que se planearon para dejar de pagar rentas.

Murayama expuso que se pondrán en marcha diversas medidas para asegurar la realización del proceso electoral de junio próximo. No puede estar en riesgo por ninguna razón. Es nuestra prioridad.

El presidente de la comisión temporal de Presupuesto del INE puntualizó más adelante que el instituto tiene toda la disposición de cumplir con su obligación de efectuar la consulta. Damos por hecho que tenemos que hacerla, pero quienes no lo está dando por hecho son los diputados al no aprobar un peso para ello.

Recordó que en el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional de diciembre de 2019, en la que se aprobó mover la fecha de realización de ese ejercicio, se estableció que se le apoyaría con suficiencia presupuestal.

Estamos en una situación delicada y sin margen de acción, precisó Murayama, al destacar, en entrevista, que en las próximas semanas el Consejo General explorará cómo se puede asegurar que lleguen recursos para la consulta, porque la cámara actuó como si no estuviera enterada de ésta y no asignó un solo centavo.

Señaló que cuando los congresos estatales o los gobernadores han quitado recursos a los Organismos Públicos Locales, ha habido sentencias judiciales que los obligan a canalizar presupuesto. Quizá en este caso haya que explorar esa posibilidad tanto en la Corte como en el Tribunal.

El consejero también precisó que la Constitución impide al INE gastar recursos para los cuales no haya una aprobación expresa en el presupuesto.