Alonso Ancira Elizondo, propietario de Altos Hornos de México (Ahmsa), solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) cancelar el procedimiento de extradición ya que, argumentó, quedó insubsistente la orden de aprehensión librada en su contra, luego de que el pasado 9 de octubre un tribunal colegiado en materia penal en la Ciudad de México le concedió un amparo.

El dueño de Ahmsa promovió un recurso ante el juzgado segundo de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México, a fin de evadir la orden de aprehensión librada en su contra el 25 de mayo de 2019 por la venta fraudulenta de la planta de agronitrogenados a Petróleos Mexicanos. La defensa legal del empresario tramitó el recurso la semana pasada y entre los actos que reclaman es la omisión de las autoridades mexicanas de cancelar y/o desistir de la petición, así como de coadyuvar en la extradición, pero el juez se declaró incompetente y ordenó turnar el asunto a su homóloga del juzgado octavo.

En su demanda, Ancira Elizondo recordó que el juzgado octavo de distrito de amparo le negó la protección de la justicia federal contra la orden de captura, así como de la elaboración, suscripción y publicación de la ficha roja; sin embargo, interpuso recurso de revisión ante el tercer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, el cual modificó la sentencia y concedió el amparo para efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente el acto reclamado y dictara una nueva resolución, la cual podía ser en el mismo sentido pero subsanando los vicios apuntados.

Según el empresario, el 24 de octubre de este año, la juez Luz María Ortega Tlapa, titular del juzgado octavo de distrito de amparo dejó insubsistente el acto reclamado y dictó una nueva resolución.

A pesar de que el empresario sostuvo que la orden de captura quedó insubsistente, promovió un nuevo juicio de amparo contra el mandamiento judicial por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como de la emisión de la ficha roja. La juez Ortega Tlapa admitió la demanda de garantías y le concedió la suspensión provisional, asimismo, fijó el pago de una garantía de 6 mil 500 pesos. En pasado 7 de noviembre el empresario regresó nuevamente a prisión en Palma de Mallorca, de donde había salido en abril de 2019, luego de cubrir una fianza de un millón de euros.