Guillermo García Alcocer, ex presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), a quien la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por un periodo de 10 años para ocupar algún puesto público, impugnará la sanción hasta las últimas instancias dentro de los plazos legales correspondientes.

Por medio de su cuenta de Twitter, el ex funcionaro dijo que el recurso será para cuidar su nombre y que ahora se dedica a la academia.

Consideró que la decisión de la SFP es una injusticia. Tengo la conciencia tranquila; dediqué casi 25 años de mi vida al servicio público y siempre actúe con apego a la ley, asegura.

En el mensaje compartido en su red social, recordó que la investigación se hizo pública antes de que diera inicio, lo que vulneró el debido proceso. Colaboré desde el principio, poniéndome a disposición de la autoridad y luego aportando elementos probatorios de mi inocencia.

“Se hizo una revisión a mi patrimonio, la cual se cerró sin observaciones, lo que constata que mi actuar ha sido siempre correcto y honesto.

“No hubo beneficio ni daño, tal como se constató en la investigación. Declaré los nombres de las personas relacionadas en lo familiar y se publicó esa información desde que llegué a la comisión.

“Ahí incluí a un familiar en cuarto grado que es empleado de un grupo de empresas a escalas nacional e internacional.

Lo anterior, aun cuando la ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, que norma los potenciales conflictos de interés de los comisionados, sólo puede dar con familiares en segundo grado, expone.

El permiso que obtuvo su pariente cumplió todos los requisitos y le fue autorizado colegiadamente por unanimidad del pleno integrado por siete comisionados que no tienen relación de subordinación.

Insistió en que la actuación se sustentó en el análisis de la unidad jurídica de la CRE, la cual no identificó vínculo de la empresa solicitante con el familiar en cuarto grado.