Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), exhortó a quienes utilizan la figura de subcontratación para evadir impuestos a que regularicen su situación fiscal. Advirtió a quienes hayan incurrido en estas prácticas en 2020 o años anteriores que tiene consecuencias graves.

En un video difundido en su cuenta de Twitter, informó que la PFF, por conducto de la Secretaría de Hacienda, propuso una calificativa al artículo 108 del Código Fiscal de la Federación.

Con esta calificativa lo que estamos haciendo es armonizar todos los sistemas normativos que regulan la subcontratación, y con ello, a partir del delito de defraudación fiscal ya ameritan prisión preventiva oficiosa”, explicó.

“Si es arriba de 7.8 millones de pesos y adicionalmente tres o más personas prestan ese servicio, ya se considera delincuencia organizada, la cual tendrá una sanción que puede llegar a 16.5 años de prisión.

Destacó que la subcontratación ha generado diversos daños a la hacienda pública federal, porque con esa práctica omiten el pago de los impuestos sobre la renta y al valor agregado.

Reiteró que con la reforma de 2020 ya se tiene prisión preventiva oficiosa contra las personas que contratan o aquellas que prestan el servicio de outsourcing laboral.

Es decir, por un lado, se considera delincuencia organizada cuando tres o más personas de forma permanente y reiterada dan el servicio de outsourcing ilegal.

Carlos Romero Aranda aseguró que con esta reforma lo que se busca es inhibir esta práctica dañina para los trabajadores y para las finanzas públicas.

Recordó que el Presidente de la República firmó una iniciativa de ley mediante la cual se proponen diversas reformas a leyes fiscales y laborales, con la finalidad de prohibir la subcontratación de personal .