umbo al Congreso va la iniciativa presidencial para regular el outsourcing, con el objetivo de poner orden en todo lo relacionado con la subcontratación, la cual se ha utilizado como una forma de defraudación fiscal y sobre todo que afecta a los trabajadores, porque de esta manera les niegan sus prestaciones laborales, los despiden a fin de año, masivamente, y no les reconocen sus derechos laborales fundamentales, ni aguinaldo ni reparto de utilidades, nada, por este mecanismo que se creó para facilitar a las empresas los trámites de contratación de servicio, pero se deformó y se echó a perder (AMLO dixit).

La decisión gubernamental de presentar al Congreso tal iniciativa la hizo pública Andrés Manuel a principios de octubre pasado y ratificó la decisión a finales del propio mes, de tal suerte que los hoy histéricos representantes de la cúpula empresarial no pueden quejarse de que los sorprendieron. Y para que nadie dudara que el anuncio iba en serio, el propio mandatario subrayó que el fin de la reforma legal es erradicar uno de los frutos podridos del periodo neoliberal.

Desde diciembre de 2019, en el Senado de la República la comisión respectiva aprobó, por unanimidad, el dictamen de la iniciativa para reformar las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social en materia de subcontratación ( outsourcing) que presentó el dirigente de los mineros, Napoleón Gómez Urrutia, pero más tardó en avalarla que Ricardo Monreal en mandarla al congelador legislativo (y ahí la mantiene casi un año después), y para justificarlo organizó un parlamento abierto a modo para la cúpula empresarial, porque él tenía compromisos con el capital privado.

Desde entonces la cúpula empresarial no hizo más que dar largas y más largas para truncar la posibilidad de regular el outsourcing, en el supuesto que era suficiente mantener congelada la iniciativa de Gómez Urrutia y al obsecuente Ricardo Monreal –siempre tras la candidatura presidencial– como celoso guarura del gran capital. Y entre queja y queja no ha dejado de evadir sus responsabilidades laborales, sociales y fiscales. (Por cierto, no hay que olvidar que, disfrazado de reforma, casi al finalizar su sexenio El Borolas legalizó el outsourcing como un regalo de despedida a sus patrones).

Pero se les apestó, porque el presidente López Obrador decidió enviar su iniciativa al Congreso; estamos seguros de que los legisladores van a analizar a profundidad esta propuesta y, en su caso, podrá aprobarse, y ojalá y sea lo más pronto posible.

Tras la firma de la citada iniciativa presidencial, la cúpula empresarial se rasgó las vestiduras y aseguró que con ella se rompieron los pactos que mantenía con el gobierno federal; viola el compromiso expreso de las autoridades de llevar a cabo una consulta con las organizaciones del sector privado que son afectadas por estas disposiciones para la elaboración del proyecto; desalienta la creación de empleos.

Lo que en realidad exige la cúpula empresarial es mantener el estatus garantizado en el neoliberalismo. Pero bien haría en detallar y documentar, si existieron, ¿cuáles fueron los pactos rotos? ¿Con quién o quiénes los formalizó y en qué tenor? ¿Cuáles son los compromisos que se violan ?, porque hasta ahora sólo divulga su lamento sin presentar prueba alguna. Y por el lado del empleo, según dice, se desalienta la creación de nuevas plazas (sin ningún tipo de prestaciones), aunque lo que realmente le apanica es la obligación de cumplir con las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social. ¿Cuántas fortunas se han amasado a costillas de los derechos laborales de los trabajadores y cuánto evaden?

Sólo como ejemplo, el senador Gómez Urrutia ha documentado que por el outsourcing las empresas que a eso se dedican evaden al fisco alrededor de 500 mil millones de pesos y las arcas del IMSS dejan de captar cerca de 50 mil millones por cuotas no declaradas.

Las rebanadas del pastel

Parece que la pinza se cierra y, en breve, esperamos ver enchiquerados a Enrique y Luis, junto con toda su pandilla.

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