En Chihuahua, estado en semáforo rojo donde ayer se certificaron un récord de 827 contagios de Covid-19 y 48 defunciones para un total de 31 mil 399 infectados y 2 mil 544 fallecidos, han muerto debido a la enfermedad 22 menores de 18 años de edad, mil 747 pacientes de 55 a 104 años, así como 44 empleados del sector salud, entre ellos 19 médicos, ocho enfermeros y 17 trabajadores de áreas diversas como administración, rayos X, laboratorios y camilleros, informó el vocero estatal para la pandemia, Arturo Valenzuela. En tanto, el Congreso chihuahuense aprobó una ley que hace obligatorio el uso de cubrebocas.

Zorrilla informó en conferencia de prensa virtual que los adultos mayores (el sector con la mayoría de los enfermos) concentra también la más alta incidencia de muertes, con 814. Agregó que tres mil 695 empleados de hospitales han contraído Covid-19 y 2 mil 362 ya se recuperaron.

Los casos confirmados en las últimas horas siguen siendo preocupantes; 827 es un número enorme y tremendo. Ojalá sigamos cooperando todos para hacer descender la línea gris (infecciones) y la línea roja (decesos). Comentó que 927 personas se hallan hospitalizadas en el estado por coronavirus y 134 usan respiradores.

De acuerdo con cifras oficiales, Ciudad Juárez acumula 391 muertes por Covid-19 durante noviembre, y la mayoría de fenecidos en Chihuahua, con mil 601 muertes desde marzo pasado.

En este contexto, con la oposición de la bancada de Morena, el Congreso chihuahuense aprobó este jueves hacer obligatorio el uso del cubrebocas en la vía pública. Los ciudadanos que infrinjan esta disposición se harán acreedores a multas de 434 pesos y hasta 12 horas de arresto; de igual manera, se impondrán sanciones de mil 303 pesos a las empresas que no acaten la medida.

Alertan sobre abusos

Durante la discusión del tema, diputados de Morena argumentaron en tribuna que la nueva ley tiene vacíos que pueden generar violaciones a los derechos humanos, los mismo que delitos como extorsiones, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza.

La diputada local morenista Janeth Francis consideró que el ordenamiento no propicia que autoridades y empresas promuevan la disponibilidad de cubrebocas entre sectores vulnerables, e imponer arrestos punitivos implica aglomeraciones en prisiones y la posibilidad de que aumenten las trasmisiones de coronavirus.

La ley estará vigente 10 días después de que se publique en el Periódico Oficial del Estado; antes no se aplicarán castigos, según se estipuló en un artículo transitorio.