El registro de personas desaparecidas en el país tiene actualmente 77 mil 603 casos no esclarecidos, 4 mil 385 más que hace tres meses y medio, cuando se presentó la versión pública del recuento estadístico. Por edad, el grupo más numeroso de víctimas sigue siendo el de las jóvenes de entre 15 a 19 años.

De un compendio histórico de 30 mil expedientes en este rango de edad, 9 mil 227 muchachas siguen sin ser localizadas; aunque la problemática es en todo el país, los primeros sitios en cuanto a adolescentes desaparecidas los tienen Tamaulipas, Jalisco, el estado de México y, en general, todo el norte de México.

A ese contexto de agresiones hacia las mujeres se suman, tan sólo este año, 724 víctimas de feminicidio y miles de homicidio doloso, pero hay otras tantas cuyo paradero se desconoce, aun cuando las familias y grupos civiles presumen la comisión de delitos, cometidos por particulares en complicidad o con omisión de autoridades.

Grace Fernández, coordinadora del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, lamentó que todavía no se tenga un Plan Nacional de Búsqueda, y que las autoridades federales y estatales sigan reaccionando a bomberazos.

Dijo que las fiscalías no pueden o no quieren operar a partir de investigaciones contra personajes específicos y tampoco indagan las redes de macrocriminalidad, como Jalisco o Guanajuato, donde apenas esta semana fueron halladas fosas en las que había al menos 61 cuerpos.

Igualmente está pendiente la integración del Mecanismo Extraordinario Forense, el cual será integrado por siete especialistas; para garantizar la autonomía del mismo, se busca la participación de agencias de las Naciones Unidas para la elección de los peritos.

Fernández recordó que desde el año pasado se hicieron consultas con familias de víctimas para la elaboración del plan nacional pero no se ha concretado y, aunque ya existe un protocolo homologado de búsqueda, sigue habiendo resistencias a su aplicación por parte de las fiscalías estatales, al considerar que se transgrede su autonomía.

En tanto, precisó, a la Comisión Nacional de Búsqueda –dependiente de la Secretaría de Gobernación– se la ha comido la operatividad del día a día, también frente a omisiones de los estados.

Precisamente, añadió, parte de lo que preocupa al Consejo Ciudadano es la falta de una planeación para maximizar los recursos disponibles.

En entrevista, Fernández explicó que el citado plan nacional debe partir de un análisis del contexto de la criminalidad que por años ha operado en regiones y en todo el país.

Lo anterior es relevante porque si a una persona la desaparecen en una entidad, es posible que los responsables no operen solamente en ese sitio, por tanto, mientras no se tengan claros estas redes –o no se quiera actuar frente a ello– la estrategia nacional será infructuosa porque seguirán reaccionando,en el mejor de los escenarios, caso por caso.

Relató que recientemente alertó a la comisión de búsqueda de Guanajuato de la desaparición de una joven, en Irapuato, y más tarde se registraron dos episodios con patrones y víctimas similares en la región.

Sin embargo, la autoridad no hila los hechos que pudieran estar vinculados no sólo a los cárteles predominantes en Guanajuato y Jalisco, con actividad de trata de personas, sino en otras entidades del país. Menos aún se activan protocolos de reacción inmediata.