a Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) anunció ayer que ya efectuó todos los trámites conducentes para extraditar de Estados Unidos a Raymundo Collins Flores, ex director del Instituto de la Vivienda capitalino (Invi) durante el sexenio pasado. La petición a las autoridades estadunidenses se sustenta en la orden de aprehensión girada contra el ex funcionario por uso ilegal de sus atribuciones como titular del instituto –quien se encuentra prófugo de la justicia desde que en enero se le giró una orden de arresto por desvíos millonarios– posteriormente anulada por un juez de control.
La solicitud de extradición se dio a conocer un día después de que la FGJCDMX y su homóloga del estado de Morelos catearan la mansión de Collins en la localidad turística de Tequesquitengo, donde hallaron una colección de 41 automóviles clásicos –algunos con valor de millones de pesos– una cuatrimoto, una motocicleta, tres acuamotos, una lancha, varias obras de arte y otros bienes suntuarios.
La escala de la fortuna de Collins –exhibida en imágenes que circulan desde el viernes en redes sociales y medios de comunicación– resulta todavía más chocante en tanto este personaje ha sido servidor público de manera casi ininterrumpida durante dos décadas: de 2000 a 2003 fue subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal, de 2006 a 2012 estuvo a cargo de la Central de Abasto capitalina, y desde ese año hasta julio de 2018 dirigió el Invi. Cuando Miguel Ángel Mancera dejó la jefatura de Gobierno para convertirse en senador por la vía plurinominal, José Ramón Amieva lo puso al frente de la SSP hasta el final del sexenio, en diciembre de ese año.
Se trata, pues, de la enésima exhibición de la podredumbre alcanzada durante la pasada administración capitalina, la cual se caracterizó precisamente por los constantes señalamientos de realizar grandes negocios mediante el otorgamiento discrecional de permisos de construcción, muchos de ellos irregulares, hasta el punto de que reportes periodísticos hablan de un verdadero “ cártel inmobiliario” al frente de la Ciudad de México. Tampoco puede olvidarse que Collins estuvo a cargo de la política de vivienda tras el fatídico sismo del 19 de septiembre de 2017, y en este sentido es uno de los responsables de una negligencia que no puede calificarse sino de criminal en la fallida reconstrucción de los inmuebles dañados.
Cabe esperar que se dé con el paradero del ex funcionario, que se le presente ante el tribunal que lo requiere, y que se esclarezcan sus responsabilidades en el delito que se le imputa, así como en cualquier otro que se descubra en el curso del juicio. Además de constituir un deber de las autoridades, sancionar los delitos cometidos por servidores públicos constituye la mejor medida para despejar cualquier tentación de hacer mal uso de sus atribuciones por parte quienes ocupan un cargo.
