La Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad de México dirigió la recomendación 02/2020 a la Fiscalía General de Justicia por la falta de debida diligencia en la búsqueda de nueve personas desaparecidas con perspectiva de género y enfoque diferenciado, y planteó sancionar las irregularidades llevadas a cabo por servidores públicos.

En su presentación, la presidenta del organismo, Nashieli Ramírez Hernández, señaló que las víctimas fueron consideradas ausentes hasta 72 horas después de que se tuvo noticia de su desaparición, e incluso contando con elementos que indicaban que estaban en riesgo.

La Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México contabilizó al 29 de febrero 356 casos: 318 fueron referidos como noticia por otra institución o redes sociales, y 41 por reporte directo.

La alcaldía con más reportes de personas no localizadas fue Iztapalapa, seguida de Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, aunque en la segunda y cuarta circulan la mayoría de la gente en zonas como el Centro, Jamaica, La Merced y la Tapo.

Las investigaciones realizadas documentaron graves fallas en el cumplimiento de una investigación seria, imparcial, efectiva e inmediata para dar con el paradero de Guadalupe Pamela Gallardo Volante y Mariela Vanessa Díaz Valverde.

Así como en los casos de Belem Hernández Cruz y Miriam Nohelly Márquez Ramírez, de dos adolescentes, un niño y dos mujeres, cuando la actividad institucional debe guiarse por un derecho de las personas a ser buscadas.

Por vez primera es planteado de esa forma para humanizar a las personas desaparecidas, y las autoridades cumplan con su tarea de encontrarlas, dijo, tras la presentación de los casos por la cuarta visitadora, Ruth Zenteno.

Se solicitó ante ello a la FGJ concretar la inscripción de las víctimas directas e indirectas en el registro de víctimas de la Ciudad de México y generar los planes de reparación integral del daño para cada una.

Además, diseñar e implementar los mecanismos de acompañamiento sicojurídico que considere las características de cada víctima, valorar el riesgo que enfrentan y establecer medidas de protección, indicó.

La dependencia cuenta con 15 días hábiles para aceptar la recomendación.