Madrid. El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, aprobó en un consejo de ministros extraordinario una nueva declaración del estado de alarma, con el que se impone el toque de queda en todo el territorio con la pretensión de que se mantenga hasta el próximo 9 de mayo.

Los contagios por el Covid-19 –que ya superan el millón– y la situación al borde del colapso de los hospitales de todo el país precipitaron el anuncio de la medida, que será regulada por cada comunidad autónoma. La situación es especialmente preocupante en Cataluña, País Vasco, Madrid, Extremadura, Aragón, Galicia y Valencia.

Ante el contagio comunitario en prácticamente todo el país, con la excepción de las Islas Canarias, el Ejecutivo finalmente reaccionó, después de tres semanas de titubeos, y aprobó un estado de alarma nacional, que entró en vigor ayer y con el que todas las comunidades autónomas tienen la cobertura legal para aprobar medidas de excepción, como el toque de queda, que impide a la ciudadanía salir de sus casas después de las 12 de la noche y hasta las seis de la madrugada.

Sobre todo se intenta evitar que se sigan propagando los contagios en las fiestas nocturnas, los bares y los encuentros improvisados por la noche, en los que, en parte por la ingesta de alcohol, se suelen relajar las medidas de autoprotección.

El decreto sólo tendrá una validez de 15 días, una vez transcurrido ese plazo tendrá que acudir al Parlamento para lograr una prórroga que, como anunció Sánchez, pretende que sea hasta el próximo 9 de mayo, una medida nunca antes aprobada desde la restauración a la democracia.

Las autoridades autonómicas se encargarán de hacer cumplir las medidas del toque de queda, entre las que además de la restricción de los movimientos nocturnos también se autorizaron confinamientos perimetrales en barrios con altos índices de contagios, en ciudades o en el conjunto de la región, así como limitar o prohibir los viajes entre comunidades.

El único margen que tienen las comunidades autónomas es el de adelantar o atrasar una hora el toque de queda y la aprobación de medidas de restricción particulares, como los porcentajes de aforos de los teatros, restaurantes y locales recreativos, o los horarios de los parques públicos, que en muchas ciudades están cerrados o semiclausurados, con limitaciones muy severas para su utilización.

La medida adoptada por el gobierno español viene precedida de duras críticas de los gobiernos autonómicos luego de varias semanas, incluso meses, de incertidumbre respecto de los mecanismos para afrontar la pandemia, sobre todo después de que en julio pasado, todavía con altos porcentajes de contagios, el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció que se había derrotado al virus e instó a la ciudadanía a recuperar sus actividades, como viajar, salir a consumir en tiendas y lugares de ocio y reactivar así la economía.

Ahora, una vez que se constató que la llamada segunda ola de la pandemia está sin control, desde los gobiernos autonómicos se reclama una coordinación general para luchar contra la pandemia, máxime cuando el sistema nacional de alertas sanitarias depende directamente del Ministerio de Sanidad.