a detención del general Salvador Cienfuegos Zepeda, en Los Ángeles, California, hay que analizarla con cautela. Es un golpe seco al Ejército que marcará toda una etapa de su historia.

Los militares cuentan con la solidez institucional para superar esta prueba, pero sería un error esquivar la gravedad de lo ocurrido y de lo que puede ocurrir.

Por como la agencia estadunidense antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) hizo las cosas, dudo mucho que existan ganadores de este suceso en el lado mexicano y por diversos motivos.

Para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador significará un desafío, porque implica, se quiera o no, un ataque a las propias fuerzas armadas y en un contexto extraño, donde una agencia extrajera actuó por su cuenta, y sin aviso, para abrir una crisis impredecible.

En el entorno del ex presidente Enrique Peña Nieto es un elemento más que abona en la percepción de que su gobierno fue un desastre de corrupción.

En el Ejército Mexicano, la detención del general desatará todo tipo de reacciones, pero entre ellas las del desánimo y la frustración. ¿Si el líder militar está en malos pasos, qué puede esperar la tropa? E igual de grave: ¿y si el ex secretario Cienfuegos no es responsable de lo que ahora es acusado?

En Estados Unidos dirán que no había otra forma de proceder contra el general Cienfuegos Zepeda, por sus múltiples relaciones y el poder con el que contó. Se equivocan. El Ejército es institucional y hubieran colaborado en una indagatoria que podía tener (y tendrá) consecuencias muy graves.

La Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con la independencia constitucional que la faculta para emprender una tareas de esas dimensiones.

Quizá la explicación debamos buscarla, entonces, en la propia Operación Padrino. La DEA investigó hechos que van de 2015 a 2017, cuando en teoría el secretario de la Defensa Nacional colaboró con una organización criminal. Dicen que cuentan con grabaciones y que testigos identificaron a El Padrino como el propio general Salvador Cienfuegos Zepeda.

Si eso tienen, es muy poco, y en México no habría servido para solicitar una orden de captura. Más aún, cuando es dudoso que la captación de las llamadas telefónicas tuviera un respaldo jurídico, ya que los agentes de Estados Unidos actuaron a espaldas de las autoridades mexicanas.

Por supuesto que no se trata de impedir que las conductas ilegales sean castigadas y más aún si se tratara de una traición a las fuerzas armadas, sino de observar la mecánica de las acusaciones y abrir un espacio de reflexión desde la experiencia y que, insisto, con la DEA ha sido muy mala.

Desde hace décadas buscaban una detención de ese calibre y sobre todo por lo que tiene que ver con el agravio no resuelto del asesinato de Enrique Camarena, el agente de la DEA destacamentado en Guadalajara, y ahora lo tuvieron bajo la premisa de la colaboración del más alto jefe militar, con una célula de narcotraficantes en Nayarit.

La DEA suele ser muy poco pulcra en sus procedimientos y más aún cuando los desarrolla en un territorio extranjero. Sabe que la respaldará la opinión pública, que ya tiene prestablecidos los criterios para juzgar a los mexicanos.

El expediente del general Salvador Cienfuegos debe servir para aquilatar los riesgos que enfrentan las fuerzas armadas y que seguirán enfrentando en la medida en que se tengan que ocupar de tareas de seguridad pública y en particular de combate al crimen organizado.

Desde hace años, generales como Antonio Riviello Bazán advirtieron de los peligros que acechaban a los soldados y de todo lo que se arriesgaría si un alto mando fuera cooptado por los bandidos.

Ahí está, me parece, uno de los nudos de este delicado asunto.