n sociología jurídica se dice que una de las funciones principales del derecho es la reproducción de las relaciones sociales: conductas que repite la población y, por extensión, el gobierno. Como el derecho es herramienta (está basado en ideas), no promueve todas las conductas, sino aquellas que permiten la permanencia de quienes dictan esos ideales. Algunas, como recurrir al juicio de amparo, se basan en el respeto a la legalidad: si, por ejemplo, quienes no reciben los insumos médicos los tomaran a la fuerza de los almacenes oficiales, dejaría de tener sustento la promoción de medios legales.

La detención en EUA de un mando militar de primer nivel es una relación social supranacional. La conducta del gobierno mexicano, omisiva en cuanto a la persecución directa de esta persona, no es novedosa. La lista de políticos y narcodelincuentes procesados y sentenciados en EUA sorprende por amplia. Muchos ni se mencionan ya. Si al inicio del sexenio del presidente Calderón se envió una docena de narcos de primera magnitud, para que se hiciera allá el trabajo de sentenciar a multihomicidas, la omisión del actual gobierno para procesar a los mexicanos presos en EUA sólo es una perpetración de aquella relación social. Es preferible ayudar que actuar, enviar a EUA evidencias que aquí pudieron usarse para hacer detenciones directas.

Poco se dice del pago de millones de dólares que como sentencias se imponen en EUA a los delincuentes mexicanos, además de la mucha o poca cárcel. A Osiel Cárdenas se le multó con 50, al Chapo Guzmán 12.700, ambos millones de dólares (Wikipedia y BBC dixit); muy poco en relación con los beneficios del Cártel de Golfo, pero si se junta con los demás sentenciados se obtendrá una cifra considerable.

El auxilio a las autoridades de EUA es legal, pero evidencia la omisión mexicana. Es una relación social que permeará a la idea de que somos mejores ayudando que actuando directamente. Ello a reserva de establecer si el gobierno mexicano sabía de la detención antes de su ejecución: la cercanía entre los presidentes de ambos países, entonces, parece más una propaganda electoral de Trump que una cooperación cabal.

Como recaudación o como muestra de que el Estado mexicano puede con cualquier persona para acabar con la impunidad y la corrupción, habría que actuar y no simplemente separar del cargo a quienes incomodan el discurso oficial, incluso anticipándose a las autoridades de EUA.

Todo ello, además, incide en el derecho a la información. Que los mexicanos conozcan las causas legales de esos juicios está supeditado a las autoridades judiciales estadounidenses.