on 65 votos a favor y 51 en contra, ayer en el Senado de la República llegó a su desenlace legislativo la moción para extinguir 109 fideicomisos y fondos del Ejecutivo federal. Después de que la Cámara alta aprobara la iniciativa que elimina estos instrumentos, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó al consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, que realice una amplia auditoría a todas esas figuras y, en los casos en que haya evidencias de corrupción y mal manejo de recursos, presente denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR).
En el primero de los ejercicios informativos que se efectuarán a lo largo de tres meses para dar a conocer las irregularidades y las desviaciones de dinero público que se llevaron a cabo al amparo de los fideicomisos, la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla Roces, expuso una serie de datos que desnudan los verdaderos fines a los que éstos han servido.
Cabe destacar que entre 2013 y 2018 –es decir, únicamente en el sexenio anterior– los fideicomisos del Conacyt y el Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) se usaron para transferir 41 mil 624 millones de pesos a empresas entre las que se cuentan Intel, Whirlpool, Volkswagen, Mabe, Honeywell, IBM, Monsanto, Bayer y Kimberly Clark. Como muestra de inequidad, pulverización e ineficiencia
, la funcionaria resaltó que uno por ciento de los sujetos de apoyo recibieron más 26 mil 134 millones de pesos. Hubo también asignaciones masivas de dinero a obras de infraestructura civil que presentaron sobrecostos, incumplimiento, fines distintos a los manifestados y otras irregularidades. Para colmo, la mera administración de los fideicomisos tiene un costo que supera 500 millones de pesos en pagos a los despachos, a los bancos y a nóminas.
No se trata de acusaciones urdidas al calor de la discusión política en curso: apenas arrancado el actual sexenio, en enero de 2019, se dieron a conocer en estas páginas los señalamientos de Álvarez-Buylla en torno al gigantesco despilfarro de dinero público en proyectos de investigación de grandes corporaciones nacionales y trasnacionales. En particular, se detalló el saqueo perpetrado a través del PEI, programa que, como ahora se sabe, se usó para asignar recursos de la nación al secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, quien está a la espera de un juicio por narcotráfico en Estados Unidos.
En suma, se cuenta ya con información contundente sobre la absoluta improcedencia de estos mecanismos, cuyas fallas no provienen, como pretenden sus defensores, de casos puntuales y aislados de corrupción individual, sino de un diseño que favorece el uso discrecional de los recursos y que dificulta cualquier intento de reformarlos. En este sentido, la extinción de los fideicomisos constituye una operación sin precedente de limpieza de las finanzas nacionales, así como una recuperación de las potestades del Estado para establecer políticas públicas y aplicarlas por la vía de las asignaciones presupuestales, las cuales se discuten cada año en el Congreso de la Unión y están abiertas al escrutinio ciudadano.
Por todo lo dicho, está claro que, aunque improcedentes, las quejas e inconformidades con la desaparición de estos instrumentos financieros resultan entendibles a la luz del inmenso monto de dinero que sus administradores ya no podrán disponer y asignar a espaldas de toda fiscalización.
Con todo, es claro que diversas actividades hasta ahora financiadas mediante fideicomisos requieren garantías a la fluidez y continuidad en el otorgamiento de recursos, como ocurre con la protección civil o los mecanismos de atención a víctimas y a periodistas y defensores de los derechos humanos, entre otras. Los nuevos mecanismos para cubrir estas obligaciones del Estado deben darse a conocer a la brevedad posible.
Por último, es de lamentarse que la información sistemática y contundente ofrecida ayer no se haya expuesto a la sociedad antes del inicio de los debates legislativos en la materia, pues su presentación extemporánea dio lugar al surgimiento de malentendidos sobre la voluntad gubernamental de poner fin a esta sangría a las arcas públicas.
