Ancira y la justicia
or desgracia, la justicia no es igual para todos. Los empresarios y delincuentes que tienen recursos contratan a los mejores abogados y cuentan con carta abierta para repartir dinero a cualquier autoridad que les permita evadir la ley. El resto de los mortales no contamos con ese tipo de privilegios.
El caso de Alonso Ancira, todavía presidente de Altos Hornos de México (Ahmsa), es un buen ejemplo de esta reflexión. A lo largo de su historia ha tenido una relación especial con el poder y ha recibido apoyos para realizar negocios no del todo transparentes.
Un caso concreto es la venta en 2013 de una empresa chatarra denominada Agronitrogenados a Pemex por parte de Ahmsa. Según la Auditoría Superior de la Federación, el sobreprecio que pagó la paraestatal fue cuando menos de 200 millones de dólares, precisamente en la época de mayor corrupción en la historia reciente de México, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Ancira y Emilio Lozoya hicieron esta negociación con el conocimiento de Peña Nieto y de Luis Videgaray. Ahora, Lozoya es testigo protegido del gobierno y vive como rey, y Ancira se encuentra bajo custodia en España y trata de evitar la extradición a México.
Un Tribunal Federal en nuestro país ya dejó sin efecto la orden de aprehensión por lavado de dinero contra Ancira, por lo que podría enfrentar la imputación en libertad en el caso de ser extraditado. Sin embargo, todavía no está dicha la última palabra, ya que otro tribunal colegiado instruyó al juez de control a reponer el proceso.
Los cargos contra este presunto delincuente son múltiples y también provienen de accionistas minoritarios de Ahmsa, quienes a través de Grupo Pop Research lo acusan de fraude por sacar 167 millones de pesos de la caja para supuestas campañas de comunicación política.
Es posible que con el dinero y el apoyo legal que recibe este personaje quede libre en poco tiempo. Sin embargo, lo importante es que pretende vender Ahmsa a otro grupo de accionistas para evadir responsabilidades. Esta negociación tendrá que pasar por el visto bueno del Presidente de la República, quien no permitirá que se concrete hasta que los responsables regresen los cientos de millones de dólares que robaron a Pemex.
