Santiago. La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH), ONG creada en 1978 por personalidades para denunciar las atrocidades de la dictadura de Pinochet, exigió al gobierno y al Ministerio Público investigar de manera exhaustiva hechos de violencia presuntamente relacionados con el estallido social, en los que podrían estar participando agentes del Estado para criminalizar la movilización popular.

La CChDH, aparte de condenar y denunciar estos graves hechos, conmina al gobierno a prestar toda la colaboración a las fiscalías que asuman la tarea de investigar estos casos, a la vez que expresa su preocupación por la participación de agentes del Estado infiltrados que con su accionar buscan distorsionar el verdadero sentido de las masivas y pacíficas manifestaciones con que los chilenos y chilenas ejercen el legítimo derecho a la protesta social, señaló en una declaración.

El domingo, al término de las manifestaciones que en Santiago y otras ciudades conmemoraron el año transcurrido desde el estallido social de 2019, comenzaron a producirse graves sucesos que dejaron a un joven de 24 años muerto en la población La Victoria, al sur-oriente de Santiago, aparentemente por disparos hechos por carabineros. También, actos vandálicos que incluyeron incendiar las iglesias de San Francisco de Borja y de la Asunción en las cercanías de Plaza Baquedano (Dignidad), el saqueo de supermercados y otros comercios, así como múltiples fogatas y barricadas, en diversos barrios y ciudades.

En el siniestro del primero de esos templos se sospecha la participación de un cabo de la Armada de Chile que fue detenido vistiendo de civil. La de San Francisco de Borja está asignada como capilla a Carabineros y siempre tuvo resguardo policial, pero ayer fue abandonada a su suerte tras incidentes en sus alrededores.

La participación de efectivos policiales en montajes para incriminar a terceros no es algo ajeno al historial de Carabineros de Chile, hay abundante registro judicial de esas fallidas operaciones de inteligencia. Apenas la semana pasada, y con el protagonismo estelar del jefe de gabinete y ministro del Interior Víctor Pérez, se anunció como ejemplo de eficiencia institucional la desarticulación de una asociación ilícita de jóvenes que se dedicó por semanas a atacar con bombas incendiarias un cuartel policiaco en la población de Lo Hermida, comuna de Peñalolén, al sur de Santiago.

Pero a los pocos días, los vecinos de esa barriada descubrieron que uno de los instigadores de los ataques resultó ser un carabinero que fue infiltrado en la comunidad, al que ahora señalan no sólo de haber instigado los ataques, sino también de haber facilitado dinero y los materiales para la fabricación de las incendiarias e incluso de haber dirigido algún ataque. El policía fue descubierto porque participó con su verdadera identidad en un programa de televisión.

Para remate, una investigación periodística del medio digital CiperChile estableció que el carabinero Óscar Cifuentes Salgado suplantó la identidad legal del ciudadano Giovanni Arévalo Álvarez, a quien le fueron retenidos y no devueltos sus documentos de identificación durante una detención policial en la Comuna de Ato Hospicio, al norte del país, de la cual también proviene el policía infiltrado.

El caso ha resultado en escándalo, pero el ministro Pérez sigue defendiendo que es legal todo lo actuado, incluida la incitación a la violencia y el robo de identidad, todo amparado en una ley de inteligencia.

La violencia desatada tiene lugar a días del plebiscito del 25 de octubre, cuando 15 millones de ciudadanos decidirán apruebo o rechazo acerca de avanzar en la redacción de una nueva Constitución. Desde los sectores favorables al apruebo se teme que lo sucedido pueda afectar negativamente esa opción, que en las encuestas figura de manera abrumadora como la favorita.

“Nos preocupa que todos estos graves hechos se producen en la víspera del histórico plebiscito convocado para el día 25, que dará inicio al proceso constituyente que pretende cambiar la Constitución política heredada de la dictadura cívico-militar, principal obstáculo para establecer una verdadera democracia, fundada en el respeto y garantía de los derechos humanos", dijo la CChDH.