La emergencia sanitaria por Covid-19 ha agudizado los actos de discriminación y prácticas sociales e institucionales que generan exclusión, principalmente en grupos de atención prioritaria, alertó la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad de México.

Dichas prácticas, detalló, se han detectado en contra de extranjeros, personas cuya condición económica no les permitía quedarse en casa y han tenido que laborar, y trabajadores de sectores prioritarios, como de salud o servicios de limpieza.

También, contra personas que han padecido o se han recuperado de la enfermedad, por considerarlos portadores del virus, lo cual ha derivado en la presentación de 158 quejas en la capital del país ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

En el Día Nacional contra la Discriminación, destacó que ese número equivale a 36 por ciento de las 434 quejas presentadas en todo el país, y las personas más afectadas son trabajadoras, clientes de personas de servicio y trabajadores de salud.

Mientras, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México ha recibido denuncias por prácticas discriminatorias en tiendas de autoservicio, de conveniencia, abarrotes y otros comercios.

Tales denuncias han sido principalmente por la prohibición de ingreso a personas mayores, embarazadas o adultas acompañadas de un menor de edad o de otras que requieren cuidados, indicó.

En la Ciudad de México y en el país, afirmó, la discriminación sigue afectando el ejercicio de los derechos humanos y sigue siendo un dique en el ideal de igualdad, aun cuando el marco normativo ha ganado terreno en la progresividad de su ejercicio.

Por lo anterior, una tarea pendiente es impulsar con mayor fuerza la eliminación en todos los ámbitos de la sociedad de actitudes que afectan el ejercicio de los derechos y libertades en igualdad de condiciones debido a los prejuicios, estereotipos y estigmas.

En la actual emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus se han reforzado acciones para atender a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, pero se requiere seguir trabajando para atender las desigualdades estructurales y los impactos diferenciados que ha traído.

Se trata, expuso, de que todas las personas sin exclusión puedan ejercer sus derechos humanos en los diversos ámbitos institucionales, sociales y gubernamentales, lo cual es necesario para alcanzar la justicia social.