La revolucion mexicana no fue producto de una ideología precisa. Se aleja de otras revoluciones de la época, por ejemplo de la revolución soviética en Rusia, de 1917. Sin embargo, recibió la influencia del “espíritu del tiempo” y de las ideas que inspiraron a otros intentos revolucionarios.
La primera gran diferencia con las ideas socialistas de la revolución es que el movimiento armado (1910) surgió en México como una enérgica protesta a la dictadura política de 30 años que había impuesto Porfirio Díaz, y como afirmación de los valores democráticos ausentes a que aspiraba una mayoría del pueblo mexicano. Como resultado de la dictadura se presentó una enorme concentración de ingresos y riqueza, incrementándose escandalosamente los desequilibrios sociales.
Un rasgo definía la situación internacional de México en aquella época: la presencia de Estados Unidos como potencia hegemónica, que originaba una dependencia imperialista inadmisible para México, que aspiraba en muchos de sus estratos sociales a la plena autonomía e independencia, y al pleno ejercicio de la soberanía nacional.
Bajo el porfirismo se aplicó una política de entrega prácticamente total de las riquezas petroleras de México a varias compañías extranjeras (principalmente estadunidenses pero también británicas y holandesas), lo cual provocó un rechazo que se profundizó con los años, sobre todo a partir de 1910 en que se inició la Revolución mexicana.
Con el cardenismo, esta política de subordinación a los intereses trasnacionales dio marcha atrás. Las intimidaciones de la potencias no se hicieron esperar. En 1936 las empresas estadunidenses presionaron al país al retirar sus fondos bancarios para provocar una crisis monetaria. La coacción se intensificó aún más por la decisión de las autoridades de sus gobiernos para no reanudar un convenio anual que tenían con México para comprar plata.
En el campo diplomático, las legaciones de Estados Unidos y Gran Bretaña insinuaron al gobierno de México la imperiosa necesidad de llegar a un acuerdo con las empresas petroleras. El conflicto obrero-patronal se convirtió entonces en un conflicto directo entre el gobierno y las empresas petroleras.
En momentos culminantes, el presidente Lázaro Cárdenas tuvo reuniones con las compañías el 3, 6 y 7 de marzo de 1936 para tratar de convencer a los representantes de las empresas acceder a pagar la suma de 26 millones de pesos. Pero éstos se negaron, no tanto para definir si podían o no aceptar el aumento, sino para evitar sentar un precedente.
El día 7, uno de los representantes preguntó: “¿quién garantizará que el aumento sólo sea de 26 millones de pesos?” Cárdenas le respondió: “yo lo garantizo”. El representante esbozó una sonrisa y preguntó de nuevo: “¿Usted?” Cárdenas afirmó: “Sí, el Presidente de la República”, al tiempo que dio por terminada la reunión.
Concluido el plazo legal establecido por la Suprema Corte de Justicia, las compañías petroleras se encontraban en abierta rebeldía por no acatar sentencia. Los empresarios extranjeros consideraron que México no tenía recursos propios para hacer frente al proceso de producción y comercialización internacional de su petróleo.
El 9 de marzo, todas las representaciones de México en el extranjero recibieron un memorándum que advertía la posibilidad de que se realizara la expropiación petrolera. A pesar de la gravedad de esta posible situación, el tono del documento era optimista ante las dificultades económicas que conllevaría tal decisión. El embajador de México en Estados Unidos, Francisco Castillo Nájera, llegó a pensar en una respuesta militar.
El viernes 18 de marzo de 1938, las compañías extranjeras, advertidas por personas dentro del gobierno mexicano que el presidente planeaba una acción enérgica en contra de ellas, declararon en el último momento estar dispuestas a hacer el pago de la cifra mencionada antes, con ciertas condiciones y rebajas por parte de nuestro gobierno. Pero el presidente Cárdenas ya había tomado su decisión y la propuesta fue rechazada.
Después de reunirse con su gabinete, a las 10 de la noche, Lázaro Cárdenas declaró la expropiación mediante la cual la riqueza petrolera, que explotaban las compañías extranjeras, se volvió propiedad de la nación mexicana, lo cual era uno de los ideales sociales de la Revolución asentados en el artículo 27 constitucional. La medida respondía plenamente a la política nacionalista del presidente Cárdenas.
El discurso de expropiación que el mandatario dirigió por radio a la nación tuvo una duración de poco más de 15 minutos. Allí, dio a conocer la negativa de las compañías petroleras para dar cumplimiento al fallo de la Suprema Corte de Justicia. Denunció la sustracción de fondos que habían hecho con antelación los empresarios para justificar su incapacidad para pagar a los obreros el monto que dictó la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Expuso las repercusiones y afectaciones que tendría el país si la producción del combustible fuera nula o insuficiente. Explicó que siendo esos motivos de interés público para los mexicanos, y aun para los extranjeros residentes en la república, se veía obligado a actuar de inmediato para aplicar la Ley de Expropiación y de esta manera no afectar a la industria ni a la economía del país.
El discurso incluyó una breve historia de la actuación de las empresas petroleras. Explicó que éstas habían gozado durante muchos años de beneficios fiscales, franquicias aduanales e innumerables prerrogativas, con frecuencia en contra del derecho público. Señaló que, en contraste, la obra social de las compañías petroleras había sido prácticamente nula, que alrededor de los sitios donde se habían establecido no había escuelas, centros sociales, campos deportivos, hospitales ni obras de aprovisionamiento o saneamiento, ni siquiera plantas de energía que podrían haber funcionado con los millones de metros cúbicos de gas que desperdiciaban en sus explotaciones.
Asimismo, evidenció que en los campamentos de las compañías el personal extranjero contaba con confort, refrigeración y protección contra insectos, mientras que para el personal nacional los trabajos eran rudos y agotadores, con salarios inferiores. Expuso las historias de atropellos, abusos y asesinatos derivadas de actos cometidos por agrupaciones y policía privada para salvaguardar los intereses de las compañías, así como la existencia de las facciones rebeldes —financiadas por las empresas petroleras— que se mantuvieron levantadas en armas en la Huasteca y el Istmo de Tehuantepec, entre 1917 y 1920, contra el gobierno constituido.
Denunció también las acciones intervencionistas que las compañías petroleras habían realizado en contra de la política nacional cada vez que veían afectados sus negocios por la fijación de impuestos o por el retiro de las tolerancias a las que estaban acostumbradas.
Pidió a la nación el respaldo moral y material para llevar a cabo el acto de expropiación que podría representar un sacrificio económico para saldar el compromisos de indemnización y un eventual reajuste cambiario. A la opinión internacional, dejó en claro que el deseo que tenía su gobierno era comercializar el petróleo mexicano con países de tendencia democrática.
Se trataba de un caso que obligaba al gobierno a aplicar la Ley de Expropiación en vigor, no sólo para someter a la obediencia a las empresas petroleras en rebeldía, sino porque habiendo quedado rotos los contratos de trabajo entre las compañías y sus trabajadores, por haberlo así resuelto las autoridades del trabajo, de no ocupar el gobierno las instituciones de las compañías, vendría la paralización inmediata de la industria petrolera, ocasionando esto males incalculables al resto de la industria y a la economía general del país.
“Planteada así la única solución que tiene este problema —dijo Cárdenas en su discurso expropiatorio— pido a la nación entera un respaldo moral y material suficiente para llevar a cabo una resolución tan justificada, tan trascendente y tan indispensable. Y como pudiera ser que los intereses que se debaten en forma acalorada en el ambiente internacional, pudieran tener de este acto de exclusiva soberanía y dignidad nacional que consumamos, una desviación de materia primas, primordiales para la lucha en que están empeñadas las más poderosas naciones, queremos decir que nuestra explotación petrolífera no se apartará un solo ápice de la solidaridad moral que nuestro país mantiene con las naciones de tendencia democrática y a quienes deseamos asegurar que la expropiación decretada sólo se dirige a eliminar obstáculos de grupos que no sienten la necesidad evolucionista de los pueblos, ni les dolería ser ellos mismos quienes entregaran el petróleo mexicano al mejor postor, sin tomar en cuenta las consecuencias que tienen que reportar las masas populares y las naciones en conflicto”. (Fracciones del texto leído por el presidente Lázaro Cárdenas en Palacio Nacional, el 18 de marzo de 1938).
Terminado el discurso, dio lectura a los cuatro artículos del decreto de expropiación con sus dos consideraciones: “a) la negativa de las empresas a acatar el fallo de la Junta Federal de Conciliación y la ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia; y b) la aplicación de la Ley de Expropiación basada en el artículo 27 constitucional, debido a que la suspensión total de actividades petroleras paralizaría los transportes e industria lo cual produciría graves trastornos a la población”.
La respuesta popular al decreto expropiatorio del 18 de marzo de 1938 no se hizo esperar. El 23 de marzo, de manera espontánea, se reunieron cien mil personas de todas las clases sociales, en las principales calles de la capital, en una enorme manifestación de respaldo a la expropiación petrolera. El 19 de abril hubo una manifestación femenina en el Palacio de Bellas Artes, a la que acudieron mujeres de todas las clases sociales; algunas regalaron joyas, otras objetos de bajo valor, incluso una anciana llevó una gallina para ayudar a cubrir el pago de la expropiación. Aunque se lograron reunir poco más de 2 millones de pesos, este era un monto realmente simbólico. Las colectas y la emisión de bonos para cubrir la indemnización a las compañías petroleras estuvieron lejos de solucionar el problema económico, pero sí constituyeron movilizaciones impresionantes de la opinión pública en apoyo a la situación. Para muchos, la expropiación significaba un sacudimiento final del imperialismo que por tanto tiempo había sangrado a México.
Todos los empleados, técnicos e ingenieros extranjeros abandonaron las instalaciones petrolíferas. La Administración General del Petróleo Nacional fue el organismo que provisionalmente se hizo cargo de los bienes expropiados a las compañías petroleras. Al mes siguiente de la expropiación, por decreto, se creó la Distribuidora de Petróleos Mexicanos que se encargaría de la comercialización del petróleo y sus derivados; y por otro decreto, promulgado el 7 de junio y publicado el 20 de julio, se creó la compañía Petróleos Mexicanos (Pemex), la cual se encargaría de la exploración, producción y refinación del petróleo.
Los años fundacionales de la política exterior mexicana como una política de Estado se ilustran principalmente durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Con la expropiación petrolera de 1938, México conquistó autonomía y proclamó ante el mundo su soberanía.
En el ámbito internacional, alejándose de la neutralidad, México adoptó una posición activa con el caso de la Guerra Civil española y, si bien se declaró neutral ante el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, el 4 de septiembre de 1939, habiendo hecho patente antes su condena “a la invasión italiana en Etiopía en 1935; protestó ante la anexión alemana de Austria en 1938 y la de Checoslovaquia en 1939”.
En 1939 Isidro Fabela se encontraba en Francia con Manuel Azaña y fue el primer diplomático mexicano que recibió a los refugiados republicanos españoles para ofrecerles el apoyo del gobierno cardenista. Esta tarea marcó otro sello fundamental de la política exterior del nacionalismo revolucionario: la política del exilio y de la solidaridad internacional.
También en los años de la guerra y con la decidida actuación del embajador Gilberto Bosques, México fue refugio de judíos, franceses y austriacos perseguidos por el régimen nazi.
La actuación de Fabela ante la Sociedad de Naciones en el caso de la Guerra Civil española es ilustrativa del perfil jurídico de la política exterior mexicana. En la correspondencia entre Fabela y el presidente Cárdenas, queda clara la preocupación por dos principios polémicos: la neutralidad y la no intervención. El mandatario mexicano le escribió una carta al diplomático firmada el 17 de febrero de 1937, señalándole que el apoyo de México al gobierno republicano no contradecía el principio de no intervención.
El asilo que ha concedido México a los perseguidos políticos de los cinco continentes, así como el refugio por motivos raciales, ha resultado extraordinariamente importante para nuestro país. Entre los recibidos se encuentran hombres de ciencia, artistas y creadores de instituciones que han fortalecido enormemente las universidades y centros de investigación dedicados al desarrollo de la ciencia, el arte y la cultura •