Los sectores en los que crecieron en mayor medida las contrataciones por outsourcing son el ramo manufacturero y el comercio al por menor, que cuadruplicaron su contratación por esta vía en los pasados años. De 2009 a 2014 el personal no dependiente de la razón social en la que labora pasó en el país de 2.1 millones a 3.5 millones de trabajadores, de éstos, casi dos millones laboran en ambos sectores, indica un reporte del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (Cilas).

En la discusión de la posible modificación legislativa sobre la tercerización se analizan principalmente cuatro visiones, que van desde prohibir por completo este sistema, hasta propuestas más modernas que plantean que los trabajadores conozcan sus derechos y los defiendan como base fundamental de una regulación, agregó por separado Alberto Romero, coordinador de vinculación con el medio sindical de la Universidad Obrera de México.

Tras un primer intento de atraer el tema al Congreso de la Unión el año pasado, surgieron distintas posiciones. Una de ellas, planteada por el senador Napoleón Gómez Urrutia, propone la erradicación de cualquier forma de tercerización, recordó Romero.

A la par, otros sectores se han pronunciado por regular la tercerización, pero se están olvidando de los derechos laborales porque dejan la responsabilidad a una empresa tercerizadora que no otorgará los derechos que corresponden a los trabajadores, agregó.

Otro de los problemas, abundó, es la modalidad de contratos, ya que las empresas buscan de esta forma personal sólo para 3 o 5 meses, con lo que evaden el generar responsabilidad y compromisos laborales.

Mientras otros sectores se enfocan más en una regulación con fines de fiscalización para evitar el daño al Estado que ocasiona la simulación de contratación laboral, también hay otra visión más moderna, desde la academia, que dice que hay que reformar y reformular todo lo que es este servicio de terceros, porque desafortunadamente el mundo requiere de empresas que se hagan cargo de algunas actividades.

Ejemplo de ello son los sistemas de seguridad de edificios, o de servicio de limpieza, pero explicó que en Europa se han dado casos de trabajadores subcontratados que forman sindicatos para defender sus derechos, lo cual se debe emular en el país.

Al respecto, Héctor de la Cueva, coordinador de Cilas, coincidió que la legislación no puede centrarse sólo en la cuestión de evasión fiscal, y debe incorporar regulación de aplicaciones digitales, así como una responsabilidad solidaria de la empresa contratante.