Los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en particular la autodeterminación y la autonomía, deben ser garantizados a nivel constitucional a fin de que México cumpla con los acuerdos internacionales que ha firmado en la materia, señalaron representantes de esas comunidades.

Durante el foro La lucha por la libre determinación en las políticas y marcos legales en México, convocada por la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía, los representantes exigieron anteponer los derechos colectivos de las comunidades originarias a los de empresas que buscan establecer megaproyectos en sus territorios, además de que se reconozca el carácter pluricultural del Estado.

En esa exigencia fueron acompañados por los relatores sobre los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas, Francisco Cali Tzay, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola Noguera, quienes también participaron en el foro virtual que se efectuó ayer.

Cali Tzay incluso externó su preocupación por el hecho de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador haya planteado un recorte de casi 58 por ciento en el presupuesto del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas como parte de las medidas de austeridad para redirigir recursos a la lucha contra el Covid-19, pues son estas comunidades de los sectores más vulnerables ante la pandemia.

Enfatizó que la armonización de las leyes mexicanas con los tratados internacionales en materia de derechos indígenas debe comenzar por el reconocimiento de estos pueblos como sujetos de derecho público y jurídico para garantizar el pleno ejercicio de su autodeterminación.

Urrejola Noguera afirmó que si bien México ha tenido buenos avances en la atención a las recomendaciones internacionales en la materia, hasta ahora no han sido cumplidas totalmente.

Subrayó que la libre determinación es fundamental a fin de que sean considerados como colectivos diferenciados que requieren de la toma de decisiones para proyectarse como conglomerado político y porque su ejercicio condiciona su propia supervivencia física y cultural como pueblos que deben destacar del resto de las sociedades.

En su turno, el recién nombrado representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández-Maldonado Castro, señaló que los Estados de América Latina han ratificado muchos tratados internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas, pero hay una brecha enorme en la implementación efectiva. Las personas sólo sienten el impacto de una norma si ésta se aplica, no si sólo existe.