El pasado 6 de octubre, una juez de distrito ordenó liberar a una de siete personas que se encuentran presas por la desaparición forzada de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez con el argumento de que no hay elementos suficientes para consignarla por este delito.

En un comunicado, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos anunció que impugnará esa decisión y advirtió que este tipo de actos están encaminados a garantizar la impunidad de la desaparición ocurrida en 2007 en el estado de Oaxaca.

De acuerdo con la organización civil, la juez primera de distrito, con sede en Jalisco, ordenó liberar a Albino Sánchez Osorno sin tomar en cuenta que se desempeñó como agente ministerial de la Fuerza Policial de Alto Rendimiento en 2007, grupo especializado formado por el ex procurador Evencio Nicolás Martínez para investigar a grupos revolucionarios y disidentes.

Según las investigaciones, este sujeto –junto con otros policías, además de los que ya se encuentran detenidos– estuvo presente en el momento en que Reyes y Cruz fueron detenidos y luego desaparecidos, por lo que se tendrá que investigar ampliamente a esta persona antes de dictar su auto de libertad por este asunto.

Luego de recordar que el mencionado agente está detenido en Veracruz desde 2010, con una sentencia de 30 años de cárcel por actos de delincuencia organizada, los familiares de las víctimas indicaron que hemos solicitado la impugnación de esta determinación, ya que consideramos necesario investigar a fondo su responsabilidad en los hechos, así como todo lo que él sabe con relación a la desaparición forzada de ambos luchadores sociales.

De igual forma, reiteraron que siguen sin ser detenidos el ex procurador Nicolás Martínez, así como Pedro Hernández Hernández, también acusado por el mismo delito.