Con el voto de todas las bancadas, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó que se castigue la extorsión como delito de delincuencia organizada, por lo que la incluyó en el catálogo de ilícitos que ameritan prisión preventiva de oficio.

La reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que se envió al Senado para su revisión, prevé que cuando el Ministerio Público presente a personas acusadas de haber cometido ese delito, el juez del caso ordene su encarcelamiento, con la finalidad de garantizar que estén presentes en el proceso y, además, se proteja a las víctimas.

En la sesión de este miércoles, los legisladores cuestionaron desde la tribuna que este delito prácticamente se ha normalizado en el país, abarca todo tipo de actividad económica y atenta incluso contra la estabilidad emocional de los afectados.

Explicaron que una de las modalidades del delito de extorsión es el cobro de derecho de piso que, de acuerdo con las denuncias, cifras y declaraciones de las fiscalías y procuradurías, es cometido por grupos pertenecientes a la delincuencia organizada.

Regularmente, se precisa en los dictámenes de la Comisión de Justicia, se comete por tres o más personas, a efecto de extorsionar a comerciantes, empresarios, industriales, ganaderos, agricultores y a ciudadanos en general, a quienes se afecta directamente en su patrimonio y seguridad.

La Comisión de Justicia citó los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2019, los cuales muestran que la extorsión es uno de los ilícitos más habituales en el país, cometido en al menos 14 de las 32 entidades, además de que aumentó 48 por ciento, lo cual refleja una evolución de los grupos criminales y evidencia la necesidad de la reforma.

Además, 93.2 por ciento de estos delitos no fueron denunciados por las víctimas y quedaron impunes debido a causas como miedo o desconfianza en acudir a las autoridades, de modo que es imprescindible una reforma a fin de que los ciudadanos confíen en el sistema de justicia, añadió.

En el caso de la modificación al Código Penal, la Cámara de Diputados agregó que las penas aumentarán hasta en una tercera parte si quien comete la extorsión tiene relación laboral o de parentesco –hasta el cuarto grado– con la víctima, si ésta es menor de 18 años o mayor de 65, o bien tiene alguna discapacidad.

Además, la pena aumentará hasta en una mitad si la extorsión se comete mediante violencia física, sicológica o moral.