Datos de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), de las auditorías realizadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la investigación que efectúa la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda forman parte de los indicios y pruebas de la vinculación que funcionarios bajo el mando de Genaro García Luna tuvieron en el otorgamiento de contratos con sobreprecio mediante adjudicación directa para la adquisición de servicios, materiales, vestimenta y equipamiento tanto para el sector central de la institución que dirigía como para las distintas divisiones de la Policía Federal y los Centros Federales de Readaptación Social, de las cuales se realizaron transferencias que ingresaron a empresas en las que el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública está asociado con Mauricio Samuel Weinberg y su hijo Alexis, afirmaron funcionarios del gabinete de seguridad.

Información obtenida de mandos de las distintas instituciones que colaboran en la investigación, en particular la que lleva a cabo la UIF, que encabeza Santiago Nieto Castillo, por medio de las cuales se encuentran aseguradas las cuentas bancarias de familiares de García Luna –titular de la SSP federal durante el gobierno de Felipe Calderón–, apunta que las distintas vertientes que desarrolla la indagatoria involucra a otros ex servidores públicos que habrían aprobado la firma de contratos con sobreprecio, como es el caso del que se desempeñó como subsecretario de Evaluación y Desarrollo Institucional, Francisco Niembro González.

La investigación también involucra al ciudadano israelí Mauricio Samuel Weinberg y a su hijo (a quienes la UIF ya les congeló cuentas bancarias), por ser socios de García Luna en la empresa GL & Associates Consulting, por medio de la cual presuntamente se transfirieron recursos de compañías como ICIT Prívate Seguridad (compañía creada en Panamá) y Nunvav, que se beneficiaron de contratos, entre ellos uno por un monto de 19 millones de dólares y que, de acuerdo con la información recabada, no sólo comprendía un curso, sino la colocación de equipos de seguridad y controles de acceso en el Centro federal de Readaptación Social 12, en Guanajuato, pero que eran obras que les correspondía cumplir a la empresa inmobiliaria encargada de la construción del centro penitenciario.