omo todos los años, un equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó una visita de trabajo a México y emitió un comunicado con recomendaciones. Estas visitas, amparadas en el artículo IV de la misión del fondo, ocurren normalmente para los países miembros y sus consideraciones se hacen públicas, siempre que el estaf del FMI y el gobierno del país así lo consideren. Este artículo IV permite al FMI supervisar lo que está haciendo el gobierno de un país con el fin de ofrecer asesoría en materia de política macroeconómica, en el contexto de solicitudes para usar préstamos del propio FMI. En el portal del Banco de México se encuentran estos reportes anuales desde 2006; de modo que es una práctica normal del FMI con México y con decenas de países.
El reporte de este año ha despertado particular atención en vista de las condiciones especiales en que está operando nuestra economía y, por supuesto, de la rispidez de la discusión política en todos los ámbitos, particularmente en el diseño de la política para amortiguar los efectos de esta crisis. Se trata de un material de seis páginas, en las que se presentan 15 consideraciones que fundamentan las propuestas del fondo. Son, obvio decirlo, opiniones que se fundamentan en una visión económica específica y que proponen medidas de política económica consistentes con esa visión. Sin embargo, en el contexto de la pandemia que asola al mundo entero, pueden resultar de interés, ya que resaltan oportunidades que pudieran aprovecharse.
Lo primero que advierten es que lo ganado en la década pasada se perderá y que el viejo problema del lento crecimiento de la economía empeorará. Las cifras manejadas son: de los 12 millones de empleos perdidos en los primeros meses de la Gran Reclusión, permanecen en el desempleo hasta hoy 4 millones; la proporción de pobres en el total creció de 36 a 48 por ciento. También está dándose una recuperación con dos velocidades: la rápida, que es la recuperación de la manufactura impulsada por la demanda externa, y la lenta, que es la demanda interna. Los del FMI proyectan que este 2020 el PIB se reduzca 9 por ciento, crezca 3.5 en 2021 y los siguientes años apenas 2 por ciento. Por tanto, el empleo, el ingreso y la pobreza tardarán varios años en recuperar los niveles previos a la pandemia.
Sin embargo, para ellos es posible limitar el daño e iniciar una recuperación robusta, con un crecimiento fuerte duradero e incluyente. Para lograr esto sería necesario que se pusiera en marcha un paquete de apoyos fiscales y monetarios de corto plazo, así como medidas de mediano plazo para ampliar la sustentabilidad fiscal, junto con reformas que impulsarán la inversión y el crecimiento. Entre las reformas de mediano plazo plantean una fiscal que aumente el margen de maniobra de la hacienda pública, al generar los recursos necesarios para ampliar la inversión pública y el gasto social. En sus estimaciones, la implementación del paquete que proponen podría hacer crecer el PIB cuatro puntos porcentuales y en el mediano plazo reducir la relación deuda pública-PIB.
La propuesta de reforma fiscal se detalla en cuatro aspectos: impuestos al ingreso, a la propiedad, al valor agregado y a la gasolina. Los impuestos al ingreso mexicanos, comparados con patrones internacionales, son bajos debido a la alta informalidad y a la desigualdad. Sostiene que aumentar los impuestos podría generar ingresos adicionales limitados, por lo que es importante ampliar la base tributaria y racionalizar gastos exentos de impuestos ineficientes y regresivos, reduciendo el umbral tributario para los altos ingresos. Por lo que toca a los impuestos a la propiedad, en vehículos e inmuebles, elevarlos podría ser eficiente si se hace con progresividad. La propuesta de reducir los conceptos con un IVA de cero por ciento es reiterativa y no resulta interesante por sus connotaciones no progresivas. Para gasolina se concibe que la política actual, en la que el precio aumenta menos que la inflación, implica un apoyo desproporcionado a los altos ingresos, que pudiera reconsiderarse.
La respuesta del gobierno mexicano ha sido reiterar que no habrá reforma fiscal. Su argumentación de que su estrategia es que paguen los que deliberadamente eluden y evaden
y que no aumentarán la carga fiscal a los contribuyentes cumplidos
no resuelve los requerimientos planteados en una coyuntura en la que las responsabilidades del Estado se han incrementado sustancialmente. Es cierto que la elusión y evasión es cuantiosa, del orden de 2-2.5 por ciento del PIB. Reducirla es fundamental, pero los ingresos que genera no se repetirán anualmente. Una reforma fiscal que aumente la carga a empresas grandes y contribuyentes de altos ingresos es una fuente permanente de ingresos fiscales adicionales, que pueden contribuir en esta coyuntura, esto es, en el corto plazo, pero también en el mediano y largo plazos.
