n el contexto de los 528 años de la invasión española a lo que hoy es América Latina y en vísperas de los 500 años de la caída de Tenochtitlan bajo las fuerzas españolas y sus aliados indígenas, la esposa del Presidente de la República Mexicana entregó en la Ciudad del Vaticano, una petición para que, a nombre de la Iglesia católica, el Papa pida perdón a los pueblos indígenas por las atrocidades que sus enviados perpretaron o permitieron que se cometieran durante la Conquista y la Colonización de lo que hoy es el Estado mexicano. No se entiende por qué la petición no la entregó el representante de nuestro país en ese Estado, pero menos se concibe que se pida que se haga algo que ya se realizó varias veces, sin que ningún efecto positivo tuviera entre quienes se había solicitado el perdón.

Al menos tres veces la Iglesia católica ha solicitado el perdón ahora demandado por el Presidente de México. La primera vez lo hizo Juan Pablo II, en 1992, durante su visita a la isla de Santo Domingo, donde Fray Antonio de Montesinos denunciara, en agosto de 1511, las atrocidades que los españoles cometían contra la población nativa; la segunda ocasión fue en 2007 y corrió a cargo del papa Benedicto XVI, durante su visita a Brasil, y el año pasado lo hizo el propio papa Francisco, durante una reunión que sostuvo con integrantes de movimientos sociales en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia; en sus argumentos, Juan Pablo II habló de abusos debidos a la falta de amor de los españoles hacia los indios; Benedicto XVI se refirió a pecados cometidos por la Iglesia durante la Colonia y Francisco reconoció los crímenes de los españoles contra los pueblos originarios.

Por donde se le mire, no hay razón para que el titular del Poder Ejecutivo de México solicite al representante del Estado del Vaticano realice una acto que ya hizo hace años, sin que tuviera consecuencia alguna, pues el perdón, si fuera sincero, no debería reducirse a solicitarlo, sino también asumir que se está dispuesto a reparar el daño cometido y a no volver a repetir las conductas abusivas. Lo anterior incluye reconocer a los pueblos indígenas agraviados su derecho a ser pueblos, en el sentido del derecho internacional, reconocerles y garantizarles sus derechos violados: sus gobiernos propios, sus territorios, sus recursos naturales, su cultura y su derecho a decidir ellos mismos su futuro. Ese es el espíritu del desmantelamiento de la doctrina del descubrimiento que desde hace años se discute en Naciones Unidas.

Lo que también sorprende con relación a la petición es que el gobierno mexicano quiera de gobiernos extranjeros lo que él no está dispuesto a realizar en el país. Algo que la historia oficial niega, o al menos calla, es que la agresión que los pueblos indígenas sufrieron al consumarse la Independencia fue más agresiva que la de la Colonia, ésta se extendió durante el siglo XX y continúa en la actualidad. En el siglo XIX se desconocieron sus gobiernos y se les despojó de sus territorios, para lo cual desataron una cruenta guerra contra ellos; en el siglo pasado se les devolvieron las tierras, pero los dejaron sin gobiernos, lo que les impidió defenderse de agresiones caciquiles sufridas, se les sometió a políticas de integración que los llevaron a perder la lengua y gran parte de su cultura, porque lo que buscaban era su desaparición.

En la actualidad esas políticas continúan. Cambian las formas, pero no los fines. De nada sirve que en la Constitución se reconozca la existencia de los pueblos indígenas y algunos de sus derechos si en la práctica los gobiernos, incluido el actual, persisten en desconocerlos. Las políticas desarrollistas se implementan como si ellos no existieran, se arrasan sus territorios y se les despoja de sus re-cursos naturales; los presupuestos destinados para atender sus necesidades se reducen hasta resultar simbólicos, como para que no vayan a decir que los desaparecieron; las instituciones indigenistas creadas para darles atención siguen actuando como en los gobiernos anteriores y en muchos casos peor, sus programas de trabajo continúan siendo los mismos de hace décadas, sólo que ahora pueden cambiar de acuerdo con la voluntad presidencial.

Pero lo más importante del caso es que ningún pueblo ha solicitado les pidan perdón. Lo que a gritos exigen, a veces exponiendo la vida para ser escuchados, es que ellos son pueblos con derechos colectivos y como tales quieren que se les trate. El perdón, venga de gobiernos externos o del interno, sólo tiene sentido si se desmantela la doctrina del descubrimiento que sigue muy vigente. El perdón, sin consecuencias, los pueblos indígenas no lo han pedido y no lo quieren. Lo que a gritos exigen es que se reconozca su autonomía,un derecho inherente a su condición de pueblos. Pero de eso en el gobierno no se dice nada.