la hora de entregar esta columna apenas iniciaba la discusión sobre México Libre, el proyecto de partido que impulsan Felipe Calderón y Margarita Zavala. Un primer hecho significativo se dio en torno al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien se ausentó provisionalmente de la sesión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que sus pares resolvieran si debía abstenerse de participar en este caso debido a sus relaciones y cercanía con el citado felimargarismo, en específico con la familia Zavala.

A reserva de analizar en la siguiente entrega el caso México Libre, ha de apuntarse aquí que, a diferencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), donde gradualmente se va fijando una nueva correlación de fuerzas decisorias, más progresistas y menos manipulables, en el TEPJF se asientan facciones de juristas que tienen en sus manos, en sus arreglos e intereses, el destino electoral y político del país, con la facultad constitucional de establecer la última palabra sobre los casos sometidos a su consideración y con lo subterráneo y opaco como contexto, sujeto a presiones de los poderes en turno o a los dictados de grupos de poder fáctico.

Carentes de credibilidad y confiabilidad suficientes para los graves encargos a resolver, los actuales magistrados electorales argumentan, proponen y votan sin que a la sociedad le quede un sedimento general positivo: parecen ceder a presiones para aprobar o denegar, sus alegatos jurídicos parecen ser susceptibles de ser manejados en un sentido o en otro, conforme fuera necesario, y terminan en un zigzagueo de criterios y opiniones que sólo confirman que el aparato de organización y enjuiciamiento de los procesos electorales necesita con urgencia cambios y ajustes que eliminen la sensación, sobre todo en el tribunal electoral, de estar ante negociantes de las resoluciones judiciales más relevantes de la nación.

Ayer, en una sesión muy esperada, resultó significativamente contradictoria la decisión del tribunal electoral de confirmar el rechazo al registro del proyecto de partido impulsado por la facción que actualmente controla la dirección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), al tiempo que se otorgaba el registro, a contrapelo de lo decidido antes por el Instituto Nacional Electoral, a dos proyectos afectados por situaciones similares.

Así, resultó beneficiado el proyecto impulsado por un muy peculiar líder sindical, Pedro Haces, de historial priísta, ahora cercano al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, al coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal (necesitado de una salida partidista por si en Morena sus adversarios le cierran puertas) y, en ese rejuego de intereses, alineado por las circunstancias con el obradorismo y la llamada Cuarta Transformación, mediante su Confederación Autónoma de Empleados y Trabajadores de México, aspirante a ser una CTM 4T.

Y, también con evidente carga del sindicalismo pernicioso, fue restituido Redes Sociales Progresistas, el partido organizado por la profesora Elba Esther Gordillo y formalmente presidido por su yerno, Fernando González.

El INE, a principios de septiembre pasado, había negado el registro a los tres proyectos de partido que tenían como plataforma sendas fuerzas sindicales. Para la mayoría de los consejeros del INE resultó comprobado que los aparatos sindicales fueron utilizados para nutrir los procesos constitutivos de tales intentos partidistas.

El tribunal electoral, sin embargo, decidió de una manera significativa, como se apuntó líneas arriba, que se diera luz verde a dos partidos constituidos a partir del sindicalismo clásico de nuestro país, cerró el paso a otra expresión sindicalista, la del SNTE y confirmó el registro de un partido evangelista, el llamado Encuentro Solidario, antes Encuentro Social. Los tres nuevos partidos (con Pedro Haces, Hugo Eric Flores y Elba Esther Gordillo como dirigentes reales) están identificados con la administración federal en curso. ¡Hasta mañana!

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