Las autoridades mexicanas no han protegido la salud de los migrantes y solicitantes de refugio que se encuentran detenidos en las estaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), a pesar de que existen órdenes judiciales que las obligan a ello, e incluso han ocultado posibles contagios y fallecimientos por Covid-19 en esos sitios, advirtieron organizaciones civiles.

Durante un conversatorio virtual, la directora del colectivo Sin Fronteras, Ana Saiz, recordó que en las estancias del INM se encuentran alrededor de 50 mil personas en condiciones precarias y sin higiene, por lo que diversos organismos no gubernamentales promovieron 10 amparos en juzgados del país.

Aunque uno de los amparos concedidos ordena dejar en libertad a los migrantes que pertenezcan a grupos vulnerables ante el coronavirus, las autoridades mexicanas se han negado a acatarlo e impugnaron ante un tribunal colegiado, sobre todo por la posibilidad de que altos funcionarios puedan ser sancionados por incumplimiento.

Saiz indicó que, según estudios oficiales, se han hecho pruebas de Covid-19 a mil 911 migrantes, de los cuales 28 por ciento resultaron positivos y 33 fallecieron, pero la información del gobierno ha sido dispar y opaca, por lo que no se descarta un subregistro considerable.

Alejandra Macías, directora de Asylum Access México, subrayó que aunque el INM ha señalado que no tiene registro de contagios, entre las organizaciones civiles tenemos dudas, porque la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos abrió un expediente por la muerte de un ciudadano haitiano en la estación migratoria de Tapachula, presuntamente por Covid-19.

La especialista agregó que el INM sigue sin informarles qué medidas de prevención sanitaria ha puesto en marcha en sus estancias para evitar contagios de coronavirus, y sigue realizando detenciones de migrantes, a sabiendas de que así los pone en mayor riesgo ante la enfermedad, al tenerlos en sitios sin higiene adecuada y donde la sana distancia es imposible.

Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, coincidió en que el INM ha negado la existencia de contagios en sus estaciones, pese a que diversas organizaciones han documentado casos, y lamentó que tampoco haya información sobre la cantidad de menores y adolescentes migrantes no acompañados que están detenidos o han sido deportados.

México nos tiene entre la mierda

En Matamoros, Tamaulipas, la guatemalteca María resume: México nos tiene entre la mierda. En compañía de unos 20 centroamericanos, protesta en las inmediaciones del campamento a cielo abierto que instalaron a principios de año en las márgenes del río Bravo, donde esperan la respuesta del gobierno de Estados Unidos a su solicitud de asilo político.

La chapina explica que el INM dejó de pagar el servicio de limpieza de sanitarios portátiles y amaga con quitarles la energía eléctrica.

Mire los baños. Tiene 15 días que no pasan a limpiarlos, están hasta arriba y tenemos que entrar todos, mujeres y niños, agrega.

Cuando el número de refugiados alcanza apenas 800, muy por debajo de los 2 mil que el campamento llegó a tener a principios de año, los afectados perciben hostilidad y abandono de las autoridades.

Es como si les urgiera que ya nos fuéramos de aquí. No entienden que todos estamos a la espera de que se reanuden las actividades en las cortes y Estados Unidos nos abra la puerta, pero mientras no tenemos a dónde más largarnos. Eso no quiere decir que nos tengan viviendo como animales.

Acusaron a los agentes de ahuyentar a representantes de organizaciones religiosas y filantrópicas de Estados Unidos para que dejaran de llevar comida y otros apoyos.

Nos han encerrado como si fuéramos unos chanchos. Miren el corral en que vivimos. No somos delincuentes; somos migrantes y venimos huyendo de nuestros países, en mi caso con una niña de 12 años que no merece vivir en estas condiciones.

En el Instituto Tamaulipeco del Migrante, su delegado en Matamoros, Enrique Maciel Cervantes, reveló que fueron funcionarios federales los que decidieron cercar a los extranjeros a raíz de la pandemia de Covid-19.

Desde un principio no estuvimos de acuerdo, pero fue decisión federal. Es cierto que están en malas condiciones y que los apoyos ya no están llegando como antes; por eso algunos han optado por incorporarse a la vida de la ciudad, a buscar un trabajo y rentar casa.

Dio a conocer que el apoyo estatal se canaliza para los que deseen regresar a sus países de origen y a quienes prefieren la compra de boletos de autobús a Chiapas, desde donde deben continuar con recursos propios.