l plan original del gobierno actual ha debido alterarse por causas de fuerza mayor, ambas bien sabidas: la pandemia de Covid-19 y la crisis económica resultante. Ya no sabremos cómo se habría desarrollado ese plan en el escenario en que se concibió y se expuso en su momento a la población; aunque tuvimos una muestra débil en el primer año de gobierno. Y ella queda como un antecedente.

En todo caso, la denominada Cuarta Transformación ha debido modificar su curso, aun cuando mantiene muchas de sus premisas originales, referentes a los principios que la rigen, las políticas que la orientan y los proyectos que impulsa. Pero el país no es el mismo, lo sabemos todos, falta internalizarlo de modo apropiado, políticamente en el gobierno y entre los ciudadanos. Los acomodos que eso exige son inexorables.

Ahí está, ahora, la clave de las decisiones políticas y las medidas económicas y sociales que se requieren para defender a los más vulnerables ante la pandemia y la crisis y para restablecer las condiciones generales que regeneren la capacidad productiva y restauren las fuentes de ingreso para sustentar a las familias en un nuevo y complicado entorno. Esa es la única base posible para elevar, eventualmente, el nivel de bienestar. Lograrlo tomará tiempo y requerirá de recursos y las medidas adecuadas.

Estas mismas condiciones se repiten en todos los países con distintos rasgos y capacidades, no solo materiales y financieras, sino también de cohesión social. Esta última característica se está resintiendo de modo severo con las condiciones a raíz de marzo pasado. No es un asunto menor y menos en nuestro país. La mudanza en la gestión del gobierno se impone a diario. La pandemia sigue su curso agresivo y costoso, sobre todo por la población que contrae el virus y a las muertes que provoca. Se advierte también en la confrontación política que surge en diversos frentes y con más frecuencia.

La atención en la economía indica, por ahora, el efecto de rebote provocado por la apertura de las actividades económicas, pero no mucho más. Incluso el reciente anuncio de las inversiones del sector privado, sobre todo en infraestructura es apenas un soplo insuficiente. La expectativa de decrecimiento en la actividad económica para este año es muy grande y la que se plantea para 2021 asegura una muy difícil situación, para la gente que vive de su trabajo, su salario y las prestaciones sociales; para los muchos que quedarán en el desempleo, informalidad y pobreza y para demasiados negocios que ya han cerrado o podrían hacerlo en meses próximos.

Es la naturaleza de esta crisis, por eso reclama acciones extraordinarias que hasta ahora no se han aplicado con decisión, orden y suficiencia. El rasgo más notorio del estrecho margen de la política pública para confrontar la situación es la creciente escasez de recursos, es decir ingresos del gobierno. Eso está claro en el presupuesto 2021, lo ha reiterado Hacienda, queda expuesto en las acciones del SAT y en la apropiación de los fideicomisos que acaba de hacerse a rajatabla. No habrá, por ahora, aumento de impuestos, pero sí hay un esfuerzo para recaudar entre las más grandes empresas, aun así será menor la base total del ingreso o el consumo a gravar que queda. Las pautas de la recaudación, o sea, el tipo de impuestos y sus tasas se sustentan en la ley y ella enmarca un pacto esencial entre el gobierno y los ciudadanos en el plano de libertades de los individuos.

Una parte crucial de ese pacto es la retribución. Los impuestos llevan en su nombre la naturaleza del pago que suponen, así que, estrictamente, no somos contribuyentes. Y en esa misma naturaleza está la retribución que representan por quien recauda, es decir, el gobierno. Esto debe apreciarse en cuanto a su asignación, o sea: calidad y cantidad. Todo eso se expone en el Paquete Económico 2021.

Cabe preguntar en este contexto, cuál es la consideración política que se hace desde el gobierno sobre la austeridad como principio rector de sus acciones; sobre las condiciones de los proyectos y las obras que se promueven en la actual situación; sobre el conjunto de la gestión fiscal de la que el Banco de México expresa las limitaciones que entraña y que en Hacienda y otras áreas del gobierno saben muy bien.

La deuda pública no debe ser tratada como anatema, es un instrumento de política que ha cambiado conforme al plan original desde la campaña por la Presidencia. En esta crisis dicha deuda ha crecido en todas partes, la situación pos Covid-19, cuando sea que ésta ocurra, será muy distinta, no sólo a la que existía antes, sino a la que ahora podemos prever.

La gestión política exige imaginación, mucha capacidad técnica y entraña nuevos riesgos. Además, el contexto en el que todo este proceso se desenvuelve está signado por la condición radical de que no sabemos incluso lo que no sabemos. Ese es el dilema ineludible. Como dijo Mark Twain con la claridad de pensamiento que tuvo: No es lo que sabes lo que te mete en problemas. Es lo que das por seguro y que en realidad no lo es.