Un juez del Centro de Justicia Penal Federal de Cintalapa, Chiapas, desestimó vincular a proceso a Rafael Zozaya Nucamendi y Rigoberto Jiménez Jonapa, director de Recursos Materiales e Infraestructura y ex secretario administrativo de la Universidad Politécnica de Chiapas (Upch), respectivamente.

A ambos se les acusa de peculado por el presunto desvío de más de 186 millones de pesos, derivado de convenios suscritos con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en 2015, caso conocido como la estafa maestra.

La firma de dichos convenios implicó la transferencia de recursos directos y sin licitación a universidades y otros entes públicos, sin embargo, los enviaron a empresas fachada que no realizaron los servicios o lo hicieron de forma incompleta.

A pesar de que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la vinculación a proceso, el juez de control Eligio Valdenegro Gamboa no encontró elementos de prueba suficientes para hacerlo.

En la continuación de la audiencia, que duró casi 12 horas, la defensa legal de los ex funcionarios echó abajo las acusaciones de la FGR y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ya que el juez determinó que las pruebas presentadas, entre ellas declaraciones de ex funcionarios de Sedatu, carecían de argumentos probatorios.

Este es el primer caso que la FGR imputa por el delito de fraude o desvío de recursos, ya que en otras audiencias relacionados con la estafa maestra los acusados han sido procesados por delitos de ejercicio indebido del servicio público y uso ilícito de atribuciones y facultades.