Santiago. Una denuncia criminal que presentó el alcalde de un municipio de Santiago contra el presidente Sebastián Piñera, su ex ministro de Salud Jaime Máñalich y otros dos funcionarios por cuasidelito de homicidio, denegación de auxilio y abandono de destino, y que el gobierno tildó de querella política, está convirtiéndose en pesadilla –una más– para la administración, a medida que el Ministerio Público ahonda en sus pesquisas.

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, de militancia comunista y quien en las encuestas figura como uno de los dos favoritos para las presidenciales de noviembre de 2021, se querelló en junio por la muerte de 62 personas en su municipio a causa del Covid-19, y en septiembre amplió su denuncia a los delitos de diseminación imprudente de gérmenes patógenos y falsificación de instrumento público.

La causa comenzó a ser investigada y entre las diligencias del Ministerio Público se incluyó pedir copia de los correos relativos a la pandemia que cruzaron las autoridades hasta que Mañalich perdió el cargo, el 13 de junio.

El gobierno se negó a entregarlos alegando que se compromete el acceso y examen de documentos e información de carácter reservado, cuyo conocimiento puede afectar la seguridad nacional, calificando la solicitud de indiscriminada, imprecisa y de alcance excesivo. Pero el fiscal Xavier Armendáriz, que instruye el caso, llevó éste a la Corte Suprema, donde se debate.

Adicionalmente, trascendieron los testimonios judiciales en los que funcionarios del Ministerio de Salud (MinSal) dan cuenta y confirman que fueron presionados para alterar o retrasar la actualización de las cifras que entregaba públicamente Mañalich, quien previamente cada mañana se reunía con Piñera y que siempre se preocupó de recalcar que todas las decisiones las impartía, tomaba e instruía el presidente.

La presunción es qué tantos correos electrónicos pueden existir cuya autoría corresponda, involucren o compliquen a Piñera en torno al manejo de la crisis de salud.

Pero los enredos para la administración no se quedan ahí, sino que suman y se agravan luego de la arbitrariedad cometida por un carabinero el viernes pasando, que aventó al río Mapocho desde una altura de 7.4 metros a un adolescente de 16 años que protestaba en la Plaza Dignidad. Esta brutalidad –cuyo autor, de 22 años, fue expulsado de la policía y que enfrenta cargos por homicidio frustrado de carácter doloso, en palabras de la fiscal Ximena Chong, a su vez amenazada y acosada por redes y con protección– terminó de fulminar la reputación policiaca y prácticamente nadie duda que lo que se impone es refundación y no reforma.

Respaldo a Carabineros

La insistencia de Piñera en respaldar a Carabineros –a la par de lamentar lo ocurrido quiero expresar nuestro profundo respaldo a la institución de Carabineros de Chile que por mandato constitucional tiene la función fundamental de proteger el orden público y la seguridad ciudadana, dijo– y su tozudez en mantener al mando al general director Mario Rozas, pese a la evidencia de su falta de autoridad y el estado calamitoso institucional, podrían convertir en víctima política al jefe de gabinete y ministro del Interior, Víctor Pérez, quien fue acusado constitucionalmente ayer y que, de aprobarse, perderá el cargo apenas asumido a finales de julio.

En cuanto al manejo de las cifras, se sabe que existen al menos dos testimonios que apuntan a ello. Uno es de la epidemióloga Andrea Albagli, quien trabajó en el MinSal hasta septiembre y que participaba en la redacción de los informes epidemiológicos, y declaró que existió una orden directa del gabinete de Mañalich para manipular la base de datos con el número de personas contagiadas con Covid-19, además de aportar correos en los que se quejó de cómo se registraban los datos.

El otro es de Johanna Acevedo, jefa de la División de Planificación Sanitaria, quien declaró que en los informes epidemiológicos la cifra de contagiados debía ajustarse para coincidir con las comunicadas a diario por el ex ministro Mañalich, cuyo equipo llevaba un conteo paralelo.