Los fideicomisos son instrumentos financieros útiles que permiten crear reservas y destinar recursos para el cumplimiento de fines públicos como la gestión de servicios, proyectos de infraestructura, apoyo a la educación y protección de grupos vulnerables. Sin embargo, se han ejercido con poca transparencia y limitada rendición de cuentas, pues hay poca información sobre el destino del dinero y si cumplen o no con sus fines.

Así lo enfatiza un análisis sobre estos fondos elaborado por la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación, en el que se indica que la totalidad de fideicomisos en México dispone actualmente de más de 835 mil millones de pesos, esto es equivalente a 13.7 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, y 3.3 por ciento del producto interno bruto de 2019.

El gobierno federal, a través de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, deben crear candados para el manejo de los recursos y transparentarlos, indicó.

Para evitar afectar a los beneficiarios, la extinción de fideicomisos debe tener un diagnóstico sobre dicha necesidad, con un plan claro sobre cómo se dará continuidad a las obligaciones, así como mecanismos de participación y queja para su monitoreo, plantea la organización.

El reporte, refiere que de 2013 a 2019 se ha sobregastado más de lo aprobado por el Congreso de la Unión para estos fideicomisos; 2017 fue el año con mayor sobrejercicio entre lo aprobado y lo ejercido (627 por ciento más), al pasar de 44 mil millones asignados a 319 mil 956 usados realmente.

Fundar revela que 93 por ciento de los recursos ejercidos en este periodo por los fideicomisos (905 mil millones de pesos) no cuentan con controles de vigilancia. Ese monto equivale a 15.5 por ciento del presupuesto de la Federación de 2019.

Aunado a ello, 60 por ciento de las solicitudes de acceso a la información sobre esos mecanismos no son respondidas o los datos son declarados como reservados o inexistentes, y el resto, 40 por ciento, son atendidas de forma parcial.

“La información pública de los fideicomisos sólo son montos generales de sus ingresos y egresos, no publican información desagregada sobre los pagos que realizan, los estados de cuenta, las contrataciones que hacen ni el cumplimiento de sus objetivos.

La información sobre la toma de decisiones y el ejercicio de estos recursos sólo es accesible para la Secretaría de Hacienda y la Auditoría Superior de la Federación, precisa el análisis.

Para evitar la creación de fideicomisos con fines discrecionales, propone justificar los objetivos para construir fondos públicos y su impacto en una política pública.