ada sustancial sucedió ayer en Nueva York que llegara a cambiar en lo inmediato la situación política y judicial de Felipe Calderón Hinojosa en México.

Genaro García Luna, el virtual vicepresidente policiaco de 2006 a 2012, se declaró inocente de los cargos que le imputó la fiscalía de aquel estado y, al menos en esta diligencia judicial encabezada por el juez Brian Cogan, se abstuvo de cooperar con las autoridades de Estados Unidos como delator de fechorías y complicidades que afectasen a su único jefe durante un sexenio, el citado político michoacano Calderón que, con su esposa, pretende hacerse de un nuevo partido político y de eventuales candidaturas a puestos de elección popular.

En todo caso, las novedades del día fueron el aumento de cargos contra el ex secretario de Seguridad Pública durante el calderonismo y la mención de que para demostrar la culpabilidad de éste se cuenta con unas mil quinientas grabaciones de intervenciones a comunicaciones de García Luna y un expediente de casi 190 mil páginas.

En tal cúmulo, parecería difícil que las incriminaciones fuesen sólo hacia abajo de la pirámide de poder en la que García Luna estaba en un segundo nivel, y no alcanzaran al primero, el citado Calderón Hinojosa. Pero esas incógnitas tendrán respuestas hasta diciembre de este año, si se llega a realizar una nueva diligencia judicial de un proceso de por sí ya muy demorado a causa del Covid-19.

La audiencia de estatus celebrada ayer en Nueva York tuvo como principal consecuencia mediática un escándalo adjudicado a la prensa, supuestamente la mexicana o al menos en su mayor parte atribuible a ella. Debido a la pandemia, el juzgado correspondiente realizó esta fase del proceso judicial por la vía virtual y dio claves de acceso a periodistas para cubrir el acto.

La falta de adecuados controles técnicos del juzgado, y una conducta periodística desparpajada o mal educada profesionalmente o abiertamente reventadora, provocó que la sesión tuviese tal ruido e interferencias que el juez Cogan la suspendió durante minutos y, en medio de quejas por la conducta de los medios, la reanudó para dejar asentada la declaratoria de inocencia de García Luna y el citatorio para otra diligencia a fin de año.

Así pues, nada de lo acontecido ayer en la corte estadunidense afectará el desenlace, programado para el próximo miércoles, de las gestiones hechas por Calderón y su esposa, Margarita Zavala, en busca de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) conceda registro a México Libre como partido nacional, lo cual fue negado semanas atrás por el Instituto Nacional Electoral.

De siete magistrados del TEPJF, dos tienen serio conflicto de interés por su relación con el calderonismo. Reyes Rodríguez Mondragón está plenamente relacionado con la familia Zavala Gómez del Campo y con Roberto Gil Zuarth, quien fue secretario particular en Los Pinos. El otro magistrado al que señalan como procalderonista es Indalfer Infante González. Ambos deberían excusarse de conocer el caso de México Libre, por sus relaciones con las partes interesadas.

El empresario Alfonso Romo, formalmente jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, ha lanzado un nuevo mensaje discursivo en pro de sus pares. Ya lo había hecho durante la presentación de un plan de inversiones del gobierno federal y la iniciativa privada y, ayer, lo reiteró en un acto de la Agenda 2030.

Reiteró Romo: Tenemos un gasto público en el gobierno, restringido por conservar variables económicas sanas. Tenemos una inversión pública muy acotada y muy orientada a los proyectos estratégicos, así es que ustedes, con este entusiasmo, van a ser los motores de México. Es decir: del proyecto original de la llamada Cuarta Transformación, que postulaba la separación del poder político y el económico, ahora se pasa a la aceptación, por problemas presupuestales y económicos, de que el empresariado, el interés privado, será el motor de la maquinaria nacional. ¡Hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx