Chihuahua, Chih., Los delitos de peculado y asociación delictuosa que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) imputa a César Duarte Jáquez prescriben en 2030 y 2024, respondió el consejero jurídico del gobierno de Chihuahua, Jorge Espinoza Cortés, a una solicitud de la defensa del ex gobernador priísta que la corte del Distrito Sur de Florida contestará la próxima semana, sobre desechar la solicitud de extradición del gobierno de México alegando que vencieron los actos de corrupción cometidos entre 2011 y 2014.

En conferencia de prensa virtual desde Ciudad Juárez, el abogado del gobierno de Chihuahua indicó que siguen vigentes los delitos por los cuales se acusa a Duarte Jáquez.

También aclaró que no existe petición formal para desechar el proceso penal. Son alegatos filtrados por la defensa para confundir a la corte de Estados Unidos y a los ciudadanos.

Aseguró que el caso contra el ex mandatario es sólido, fuerte y están debidamente integradas las carpetas. La fecha para la audiencia final de extradición es el 10 de noviembre.

El 29 de septiembre pasado, la defensa de César Duarte en Estados Unidos pidió revisar la vigencia de los delitos de peculado y asociación delictuosa y desechar la solicitud de extradición.

Los abogados de Duarte Jáquez argumentan que la responsabilidad penal por la transferencia indebida de recursos públicos a empresas y personas en 2011 y 2014 ya prescribió, y el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos prohíbe entregar a un acusado por delitos que no estén vigentes en las leyes de alguno de los dos países.

La juez Lauren Fleischer aceptó la petición de la defensa y dio al Departamento de Justicia de Estados Unidos hasta el 14 de octubre para responder.

Pronto comparecerá en Chihuahua, confía

Espinoza Cortés precisó que no existe la prescripción que falsamente argumenta la defensa y próximamente tendremos al ex mandatario en Chihuahua, frente a los jueces de control que lo están requiriendo, aseguró.

Explicó que en el caso del delito de peculado agravado, la vigencia se mantiene hasta 2030, mientras en el de asociación delictuosa, hasta 2024; además, la vigencia fue analizada por los jueces que emiten las órdenes de aprehensión.